El 3 de enero, en un giro significativo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha hecho público en su totalidad el conjunto de acusaciones que pesan sobre el presidente venezolano Nicolás Maduro, quien se encuentra bajo custodia en territorio estadounidense. Las acusaciones señalan su participación activa en una estructura de corrupción que ha permitido a las élites del país enriquecerse a expensas del narcotráfico, protegiendo a sus cómplices en el crimen organizado.

No solo Maduro está en el punto de mira; su esposa, la primera dama Cilia Flores, así como Diosdado Cabello, ministro del Interior de Venezuela, y su hijo Nicolás Maduro Guerra, también están implicados en los cargos. Estos vínculos sugieren una conexión directa entre el presidente y cárteles del narcotráfico, así como con grupos narcoterroristas que se alimentan de las ganancias del tráfico de drogas.

De acuerdo con el documento oficial, estas organizaciones no solo mantenían relaciones comerciales ilícitas con altos funcionarios venezolanos, sino que también les proporcionaban apoyo logístico y protección para facilitar el tránsito de cocaína a través del país, conscientes de que esta droga tendría como destino final Estados Unidos. Este escueto informe fue compartido por la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, en su cuenta de X.

Se alega que durante su tiempo como ministro de Exteriores entre 2006 y 2008, Maduro vendió pasaportes diplomáticos a narcotraficantes, permitiendo que pudieran mover drogas de México a Venezuela bajo el estatus de protección diplomática.

En cuanto a Cilia Flores, el Departamento de Justicia ha presentado pruebas de que aceptó sobornos de cientos de miles de dólares para facilitar reuniones entre narcotraficantes y el director de la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol Torres, contribuyendo así a la corrupción del sistema.

Los cargos contra el matrimonio Maduro, que incluye acusaciones de tráfico de cocaína utilizando recursos militares, se remontan aproximadamente entre 2004 y 2015. El Departamento de Justicia describe cómo habrían colaborado en estas actividades ilícitas junto a las fuerzas del orden venezolanas.

Se anticipa que este caso se dirija al Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, donde ya se han iniciado los procesos legales desde 2020. Bondi ha enfatizado que Maduro enfrenta un amplio espectro de acusaciones, que incluyen conspiración narcoterrorista y posesión de armas de guerra, entre otros delitos graves.

La fiscal general ha dejado claro que el tiempo de rendir cuentas ha llegado para el matrimonio, quienes pronto se enfrentarán a la justicia en Estados Unidos, un paso crucial en el combate contra el narcotráfico y la corrupción en la región.