A medida que se intensifican las tensiones entre las comunidades autónomas y el Ministerio para la Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León, en compañía de diez comunidades y dos ciudades autónomas, ha hecho un llamado urgente a la celebración de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La comunicación, enviada el pasado jueves, establece un plazo de dos días hábiles para que se atienda esta solicitud, advirtiendo que, de no hacerlo, se reservan el derecho de emprender acciones legales.

La petición se fundamenta en el artículo 12 del reglamento del órgano y responde a la negativa del Ministerio de convocar una sesión extraordinaria, la cual había sido cancelada de manera unilateral. Así lo comunicó el Ejecutivo autonómico, quien también destacó el descontento ante esta situación.

La misiva, firmada por el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, además de otros representantes de comunidades como Galicia, Andalucía y Madrid, critica la decisión del Ministerio catalogándola de "arbitraria e injustificada". Esta suspensión de la Conferencia, que estaba programada para el 22 de julio, ha suscitado dudas sobre la intención del Ministerio y su capacidad de respuesta ante una solicitud proveniente de un número significativo de comunidades autónomas.

Un punto de contention en la carta es el recurso de inconstitucionalidad que ha presentado el Defensor del Pueblo, el cual ha sido el fundamento principal del Ministerio para esquivar la convocatoria. Sin embargo, el documento aclara que dicho recurso no afecta al informe sexenal sobre la conservación del lobo ni interfiere con las medidas para prevenir el desperdicio alimentario.

Las comunidades autónomas subrayan la urgencia de aprobar el informe sexenal exigido por la Directiva Hábitat, que debe ser finalizado antes del 31 de julio. Insisten en que esto no debería asociarse a la consideración legal del lobo como especie protegida, reclamando así el cumplimiento de plazos establecidos en la normativa europea.

Además de este informe crítico, se plantean otros asuntos de gran relevancia como la distribución de los fondos correspondientes a los programas PIMA Cambio Climático y de Conservación de Especies Críticas para el año 2025, considerados esenciales para las inversiones en biodiversidad.

Las comunidades firmantes enfatizan que están dispuestas a actuar legalmente si no se responde a su solicitud, y en el orden del día que proponen, priorizan la distribución de fondos para el PIMA Cambio Climático, seguido por los recursos para Especies Críticas y la evaluación del informe sexenal, finalizando con ruegos y preguntas.

Con esta actuación, la Junta de Castilla y León reitera su compromiso con la legalidad y la defensa de los intereses del medio ambiente y del mundo rural, planteando un desafío a la gestión actual del Ministerio.