El ritmo de inversión actual en servicios de teleasistencia indica que se necesitarían 23 años para llegar al 100% de los demandantes.

Según el Índice DEC, en Canarias hay 5.645 habitantes por profesional, más de ocho veces el número en Navarra.

MADRID, 4 de julio.

La Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales ha expresado preocupación sobre la capacidad de los servicios sociales para llevar a cabo la estrategia de desinstitucionalización de los cuidados de las personas dependientes aprobada recientemente por el Ministerio de Derechos Sociales.

El Índice DEC 2023, presentado por la entidad, ha destacado las desigualdades territoriales en los servicios sociales, tanto en gasto como en número de profesionales por habitante, señalando a País Vasco, Navarra y Castilla y León como las comunidades mejor calificadas en prestaciones. Por ejemplo, Andalucía ofrece 21 veces más ayuda a domicilio que Extremadura y Canarias tiene más de ocho veces el número de habitantes por profesional en servicios sociales comunitarios que Navarra.

La mayoría de los indicadores de cobertura de prestaciones y servicios han mejorado en comparación con el año anterior, pero la Asociación sigue preocupada por el bajo desarrollo de los servicios necesarios para la estrategia de desinstitucionalización.

La cobertura de Ayuda a Domicilio ha aumentado muy poco desde 2010 y la cobertura de centros de día ha mostrado poca evolución en el mismo periodo. En contraste, la Teleasistencia es el único servicio que ha experimentado una cierta mejoría en su cobertura en los últimos 12 años.

A pesar de los esfuerzos, aún quedan 760.000 personas por alcanzar la cobertura del 100% en servicios de teleasistencia, lo que podría tomar 23 años a su ritmo actual, según los gerentes de Servicios Sociales.

La cuantía de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar ha disminuido en un 1,05% de un año a otro, a pesar de ser un objetivo del Plan de Choque para la dependencia.

En cuanto al gasto en Servicios Sociales, ha aumentado pero su porcentaje sobre el PIB ha disminuido por segundo año consecutivo, situándose en el 1,81% en 2023. El gasto público en esta área representó el 10,2% del total del presupuesto.

Las comunidades han aumentado su participación en la financiación del Sistema en los últimos dos años, pero desde 2012 la tendencia es decreciente. Esto podría deberse al aumento de financiación por parte del Ministerio de Derechos Sociales en materia de Dependencia, según los directores y gerentes.

Las diferencias territoriales en gasto se reflejan en una cobertura desigual de prestaciones y servicios en diferentes regiones, como se observa en el número de habitantes por profesional en Canarias comparado con Navarra, o el porcentaje de personas bajo el umbral de la pobreza que reciben Rentas Mínimas de Inserción en diferentes comunidades autónomas.

En resumen, la situación actual pone de manifiesto grandes desigualdades y falta de oportunidades para garantizar derechos básicos a las personas en función de su lugar de residencia.