En un operativo coordinado, las autoridades han arrestado a cinco individuos vinculados a una red de trata de personas en Bilbao y Gijón. De este grupo, dos han sido enviados a prisión preventiva, según han comunicado fuentes oficiales.

El 24 de junio, la Policía Nacional anunció la ruptura de una organización que utilizaba inmuebles como pisos prostíbulo en seis comunidades autónomas. La intervención no solo resultó en las detenciones, sino que también permitió la liberación de 18 mujeres que habían sido explotadas por la red.

De acuerdo con el informe presentado por la Policía, se llevaron a cabo siete registros en domicilios que culminaron con la incautación de 12.245 euros en efectivo, múltiples teléfonos móviles y documentos implicatorios. Asimismo, se bloquearon diez cuentas bancarias relacionadas con las actividades delictivas de esta organización.

Los detenidos estaban al mando de una serie de pisos destinados a la explotación sexual, operaciones que tenían lugar de manera temporal o estable en diversas regiones como Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco, Navarra y Castilla y León. Según la investigación, la organización llevaba a cabo una estrategia de movilidad para dificultar el seguimiento por parte de las autoridades.

Las víctimas, mayoritariamente de nacionalidad colombiana, eran atraídas con la promesa de empleo en España, solo para encontrarse después con deudas exorbitantes que variaban entre 4.500 y 5.000 euros, llegando hasta 8.000 euros en algunos casos. Para poder saldar estas deudas, eran forzadas a ejercer la prostitución y, en un acto de mayor abuso, se les suministraban drogas para aumentar su rendimiento sexual.

La investigación se inició en 2024 tras el testimonio de una mujer que logró escapar y denunció haber sido engañada para trabajar en el ámbito de la prostitución en Santander. A partir de esta declaración, se pudo desmantelar una compleja red criminal dividida en tres sectores que operaban en conjunto.

Los informes revelan que las víctimas se veían obligadas a estar disponibles las 24 horas, sin la opción de negarse a atender a clientes. Se reveló que mantenían una rotación quincenal entre diferentes inmuebles, lo que aumentaba su precariedad y mantenía su estado de vulnerabilidad alto.

Finalmente, el análisis exhaustivo de la red criminal mostró que las mujeres eran objeto de violencia física si se negaban a trabajar. Además, eran forzadas a abrir cuentas bancarias a su nombre como parte de una estrategia para ocultar los movimientos financieros de la organización.