En el próximo mes de febrero, las personas que han sido víctimas de abusos sexuales dentro de la Iglesia tendrán la oportunidad de solicitar reparaciones e indemnizaciones, gracias a un convenio que se oficializará este mes por parte del Gobierno español, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (CONFER). Este acuerdo tiene como objetivo atender a quienes no pueden recurrir a la vía judicial debido a la prescripción de los hechos o al fallecimiento de los agresores.

Según el texto accesible a Europa Press, para formalizar esta colaboración, se requiere que la CEE, CONFER, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes firmen un "convenio de colaboración" en el mes siguiente a la adopción del acuerdo inicial. Una vez realizado esto, se establecerá un plazo de un año, que puede extenderse a dos, para que las víctimas presenten sus solicitudes de indemnización.

El acuerdo, que ha sido firmado por el ministro de Justicia, Félix Bolaños, el presidente de la CEE, Luis Argüello, y el presidente de CONFER, Jesús Díaz Sariego, detalla que el plazo de validez del convenio será de un año, prorrogable bajo mutuo acuerdo. Este tiempo se computará desde la firma del mencionado convenio, que está previsto para el próximo mes.

Este nuevo convenio, que se negociará con la participación de las víctimas, tiene como fin el establecimiento de un "estatuto básico" que determinará el procedimiento de reconocimiento de las víctimas y los diversos métodos de reparación, que incluyen opciones de carácter restaurativo, simbólico y psicológico, y que podrían extenderse a las familias de las víctimas.

Tal como indica el acuerdo, la implementación de estas medidas de reparación es parte del compromiso del Gobierno para garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica 8/2021, que tiene como objetivo la protección integral de la infancia y la adolescencia contra la violencia. Este enfoque busca una atención integral a las víctimas de abusos en todos los ámbitos de la vida social.

La CEE ha expresado que aprecia el compromiso del Gobierno, el cual responde a su solicitud de abordar la reparación integral de las víctimas. Durante una rueda de prensa, Argüello destacó que este acuerdo puede abrir las puertas a procesos de reparación en otras áreas de la sociedad, como lo establece el texto firmado.

Bolaños, por su parte, aclaró que el foco de este convenio se centra exclusivamente en las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica, desmarcando cualquier otro tipo de compromiso que no esté relacionado directamente con este asunto. Aseguró que este acuerdo es único y no abarca otros contextos.

El acuerdo también establece que la CEE y la CONFER seguirán operando su propia línea de reparaciones a través de la comisión asesora del PRIVA, que fue inaugurada en 2024. En cuanto a los motivos para aceptar esta nueva disposición, Argüello resaltó que han trabajado en colaboración con diversas autoridades, aunque previamente se habían negado a una propuesta del Ministerio de Justicia que implicaba una comisión administrativa.

El obispo mencionó que desde la creación de la comisión asesora del PRIVA ya se han ofrecido cerca de dos millones de euros en indemnizaciones a las víctimas. Sin embargo, reconoció que algunas víctimas han manifestado desconfianza hacia la comisión de la Iglesia, lo que subraya la importancia de este nuevo acuerdo como una alternativa más confiable.

El mecanismo estipulado permitirá que la víctima inicie el proceso a través de una unidad de tramitación del Ministerio, lo que garantiza la privacidad y protección de los datos. Posteriormente, la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo evaluará la situación y propondrá una resolución, la cual podría incluir diferentes formas de reparación, siempre en función de la solicitud de la víctima.

La propuesta será revisada por la comisión asesora de la Iglesia, que emitirá su informe. En caso de desacuerdo entre las partes, se convocará una Comisión Mixta con la participación de asociaciones de víctimas para llegar a un consenso. Si persiste el desacuerdo, corresponderá a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo tomar una decisión definitiva.

El ministro de Justicia destacó que un elemento fundamental del acuerdo es que el Estado establecerá la cantidad de indemnización, mientras que la Iglesia se encargará de pagarla. Según Bolaños, el Estado no aportará recursos directos a este proceso.

Finalmente, el ministro explicó que llegar a este acuerdo requirió de una negociación compleja, y no olvidó agradecer la mediación del Vatican, especialmente a los Papas Francisco y León XIV, así como al secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, quien ha sido fundamental en la concreción de este pacto. Además, se contempla la posibilidad de realizar modificaciones para facilitar exenciones fiscales relacionadas con las reparaciones a las víctimas.

Bolaños concluyó señalando que el plazo de un año, prorrogable a dos, es más que suficiente para que todas las víctimas de abusos dentro de la Iglesia inicien su proceso, aunque reafirmó que el Estado actuará de manera retroactiva para abarcar a aquellos casos que se encuentran prescritos.