MADRID, 27 de abril. En medio de tensiones y divisiones, el Tribunal Constitucional (TC) se encuentra en un momento crítico con respecto a la futura sentencia sobre la tan debatida 'Ley Trans'. La normativa, que fue objeto de impugnación por parte del Partido Popular (PP), cuenta con un borrador que sugiere dar luz verde a su esencia, aunque con algunas modificaciones.

El magistrado Juan Carlos Campo es el autor de un texto preliminar que contempla avalar la mayoría de la ley, aunque a la vez plantea ciertas reservas que han generado desconcierto entre los miembros de la mayoría progresista. A medida que se intensifica el conflicto interno, surge la posibilidad de que el TC opte por retirar el asunto de la agenda para reconsiderar la propuesta y buscar consenso.

En términos específicos, la impugnación del PP se centra en determinados artículos que consideran problemáticos. En particular, se destaca el artículo 19.2, que permite a menores de entre 12 y 16 años solicitar cambios genitales, sujeta a la condición de que el menor pueda consentir de forma informada. Esta normativa ha suscitado preocupaciones sobre la vulnerabilidad de los menores y la posible falta de madurez para tomar decisiones de tal trascendencia.

Adicionalmente, el PP muestra su oposición a los apartados del artículo 43 que facilitan el cambio de sexo en el Registro Civil para menores de 15 y 16 años, y para quienes son mayores de 16, que pueden llevar a cabo este proceso sin la intervención de sus representantes legales.

Del mismo modo, se cuestionan otros aspectos de la ley, como los artículos 44 y 79, que establecen ciertos procedimientos y condiciones en materias consideradas delicadas, como el requerimiento de informes médicos o la regulación del material didáctico en escuelas. Las críticas del PP apuntan a que algunas de estas disposiciones pueden resultar controvertidas e incluso perjudiciales dentro de un contexto educativo.

La falta de consenso en torno a la autodeterminación de género está generando un intenso debate. Muchos magistrados temen que la flexibilidad en la modificación de registros pueda generar incertidumbres jurídicas, lo que contribuye a la creciente discordia en el bloque mayoritario del TC. El presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, está considerando retirarlo del orden del día para buscar un acuerdo que permita sacarlo adelante.

En paralelo, el TC se prepara para analizar otro recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, que impugna el Real Decreto-ley 2/2025. Este decreto establece la distribución de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, un proceso que el PP califica de arbitrario y manipulador, buscando obtener votos para sostener al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Además, se discute la inconstitucionalidad del decreto según un informe de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, que denuncia la invasión de competencias exclusivas del gobierno regional y la falta de un marco claro para asegurar la adecuada atención a estos menores.

El TC también evaluará un recurso adicional vinculado a la Ley Orgánica 1/2025, que se refiere a la gestión de funcionarios locales en el País Vasco, lo cual el PP ve como una peligrosa transferencia de competencias estatales que podría erosionar la uniformidad del sistema de funcionarios a nivel nacional.

Finalmente, el tribunal se ocupa de la solicitud de amparo de Jordi Turull, secretario general de Junts, quien busca la revocación de su pena por malversación en el 'procés'. En un contexto similar, otros implicados como Oriol Junqueras y Raúl Römeva también buscan medidas cautelares, con una serie de recursos que, según las fuentes jurídicas, podrían ser admitidos a trámite para un examen exhaustivo.