En una declaración que ha captado la atención de muchos, Ignacio Cosidó, exdirector general de la Policía Nacional y actual senador del Partido Popular (PP), se presentó el pasado jueves ante el juez de la Audiencia Nacional, negando haber tenido conocimiento sobre las supuestas investigaciones irregulares que habrían afectado a miembros de Podemos. Según Cosidó, cualquier actividad de investigación policial corresponde a diferentes unidades operativas, lo que pone de relieve la división de responsabilidades en tales procesos.

Durante su testimonio, que fue evaluado por fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, Cosidó expresó su satisfacción con la declaración, aunque prefirió no proporcionar detalles adicionales. Es importante mencionar que, de acuerdo con su versión, él solo recibía información sobre asuntos que consideraba relevantes y que Eugenio Pino, entonces director adjunto operativo (DAO), no le informaba sobre las investigaciones, a pesar de que estaban bajo su supervisión.

Cosidó defendió la labor de Pino, quien también está bajo investigación en este caso, subrayando que la función del DAO en la Policía no es llevar a cabo la investigación, sino motivar y ordenar que dicha investigación se realice. Con ello, el exdirector busca aclarar las responsabilidades en el ámbito policial durante el periodo en el que se habrían producido las infracciones denunciadas.

En un giro significativo de su declaración, Cosidó negó haber estado al tanto de la creación del polémico ‘informe PISA', que se relaciona con alegaciones de financiación irregular de Podemos. Afirmó que solo tomó conocimiento del documento tras su difusión en medios de comunicación, al tiempo que también rechazó recordar si se realizaron viajes al extranjero para investigar la financiación del partido, a pesar de que le tocaba autorizar estas acciones.

Esta declaración de Cosidó sigue a una serie de testimonios recabados por el juez Pedraz en el mes de diciembre, incluyendo a figuras clave de la Policía como el comisario Mariano Hervás y Bonifacio Díez Sevillano, ambos con roles importantes en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía durante la época de la ‘Kitchen'. Asimismo, se escuchó el testimonio de Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, en el contexto de una investigación que conecta a la financiación de Podemos con presuntas transferencias del régimen chavista hacia Pablo Iglesias, ex secretario general del partido.

Frente a estas afirmaciones, Podemos ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional, acusando a varios individuos de organización criminal, revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental, entre otros delitos. Sin embargo, el magistrado ha decidido desestimar las acusaciones de malversación y los delitos contra las instituciones del Estado, argumentando que no se pueden integrar en los hechos descritos.

En su escrito, el partido morado alegó que los querellados, bajo el supuesto mando del entonces secretario de Estado de Seguridad, llevaban a cabo investigaciones discrecionales, ajenas a cualquier interés policial y operando sin control judicial o del Ministerio Fiscal. Esto, según su declaración, configuraría una situación de abuso de poder que ningunea la integridad de la organización política afectada.

Además, Podemos destacó que las acciones emprendidas por los acusados tenían como objetivo final la filtración de información a los medios de comunicación, amparadas en la supuesta veracidad de las "fuentes policiales", con el fin de socavar la reputación del partido y, por ende, afectar su imagen ante la opinión pública.

Como ejemplos concretos de este comportamiento, la querella identificó varias actuaciones, incluyendo la investigación del entonces líder del partido, Pablo Iglesias, mediante el informe PISA, y la difusión de un documento en el que se alegaba la existencia de una cuenta fraudulenta a su nombre en el Euro Pacific Bank Limited. También se mencionaron manipulaciones de documentos internos de la policía para dar una apariencia de legalidad a las acciones de los implicados.