El 30 de septiembre en Madrid, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha tomado la decisión de investigar a las empresas que promueven bienes y servicios originarios de los territorios palestinos bajo ocupación israelí.

El anuncio fue realizado por Pablo Bustinduy, el ministro al frente de la cartera, quien explicó que esta acción se enmarca dentro del reciente Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno, el cual establece medidas urgentes en respuesta a la situación en Gaza y busca brindar apoyo a la población palestina.

El artículo 4 de esta normativa prohíbe la publicidad de bienes y servicios de las zonas en cuestión, con el fin de restringir las operaciones comerciales que podrían beneficiarse de la ocupación.

Siguiendo este planteamiento, la Dirección General de Consumo se encargará de examinar a aquellas empresas que, según un informe de la ONU presentado por Francesca Albanese, se estarían "beneficiando" de las circunstancias en los territorios ocupados.

En el mencionado informe, Albanese, quien actúa como relatora especial de la ONU para esta materia, sostiene que ciertas compañías están obteniendo ganancias de manera ilícita a partir de la ocupación de estas áreas.

El ministro Bustinduy, en declaraciones realizadas en julio, ya había manifestado su compromiso de asegurar que "ninguna empresa con actividad en España tenga sus resultados manchados por la sangre del pueblo palestino".

El objetivo del Ministerio es lograr que "todas las empresas operando en España se desvinculen de cualquier actividad ligada a la ocupación israelí, ya sea de forma directa o indirecta".

Desde el Ministerio se argumenta que la disponibilidad de estos servicios en España contribuye a "perpetuar los esfuerzos coloniales y el genocidio de Israel".

Además, Consumo recalca que cualquier negocio que obtenga beneficios de la ocupación se considera ilícito bajo el Derecho Internacional. El informe de Albanese también señala que la Fiscalía de Países Bajos está analizando las denuncias relacionadas con esta actividad, en busca de posibles violaciones de normativas de blanqueo de capitales.

Recientemente, la ONU amplió a 158 el listado de empresas implicadas en el desarrollo de asentamientos israelíes en los territorios palestinos, considerados ilegales por la legislación internacional, incluyendo cuatro compañías de origen español.

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos incluyó 68 nuevas empresas en su lista, las cuales están involucradas en la provisión de materiales que facilitan la construcción y mantenimiento de estos asentamientos, así como en actividades como la demolición de propiedades palestinas y el uso de recursos en territorios ocupados.

Las empresas españolas mencionadas son Actividades de Construcción y Servicios (ACS), Sociedad Española de Montajes Industriales (SEMI), Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) e Ingeniería y Economía del Transporte (Ineco).

Sin embargo, ACS se adelantó a esclarecer su situación, afirmando que no opera en Israel y pidiendo la eliminación de su nombre de la lista de la ONU.

Por su parte, SEMI indicó que fue vendida en 2021 y, por tanto, no forma parte del Grupo ACS. La empresa aclara que no tiene actividades en Israel ni en asentamientos israelíes.

Desde Ineco, se sostiene que no mantienen contratos con territorios no reconocidos, enfocándose únicamente en áreas legítimas desde un punto de vista internacional. La empresa explicó que su mención en la lista podría deberse a un proyecto de tranvía que llega a territorio ocupado, aunque solo trabajan en una sección legal.

La compañía, que depende del Ministerio de Transportes, manifestó que ha iniciado un proceso de desvinculación con organizaciones y autoridades israelíes, rechazando cualquier nueva participación en contratos desde octubre de 2023.

En cuanto a CAF, que cuenta con participación pública del Gobierno vasco, se ha visto envuelta en el debate, ya que sí participa en un tranvía en zona ocupada. Antes de la inclusión en la lista de la ONU, la empresa emitió un comunicado reiterando su respeto a los derechos humanos en Palestina.

En su declaración, CAF se comprometió a operar bajo "los más altos estándares de integridad y responsabilidad", asegurando que monitorizarán cualquier asunto relativo a la ética y a los derechos humanos en su actividad.

Más allá de las normativas, CAF subrayó su firme compromiso con la ética empresarial y el respeto a los derechos humanos en todas sus operaciones y en su cadena de valor, reiterando su dedicación a la responsabilidad y transparencia.