El gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, ha dado inicio a una investigación enfocada en las empresas que, desde el stand israelí en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), están promoviendo viajes hacia territorios palestinos considerados ocupados de manera ilegal. Esta acción busca esclarecer el nivel de legalidad de estas prácticas, que podrían caer bajo la categoría de publicidad ilegítima.
De acuerdo con el comunicado emitido por la oficina liderada por Pablo Bustinduy, la normativa vigente, específicamente el artículo 4 del Real Decreto-ley que busca ofrecer medidas urgentes en respuesta a la situación en Gaza y apoyar a la población palestina, prohíbe la promoción de productos y servicios procedentes de estos territorios. La intención detrás de esta restricción es frenar el desarrollo de actividades comerciales en dichos lugares.
La información recabada sugiere que un número de compañías israelíes están ofreciendo viajes a destinos como Jericó, situada en la Cisjordania palestina. La promoción de estos viajes ocurre en una de las ferias de turismo más importantes del lema, donde se congregan miles de visitantes a lo largo de su duración de cinco días.
La decisión del Ministerio de Consumo de investigar tiene como objetivo identificar a las empresas participantes en la feria que estén potencialmente involucradas en la promoción o venta de servicios turísticos relacionados con asentamientos israelo-palestinos en el Territorio Palestino Ocupado.
Según el mencionado artículo 4 del Real Decreto-ley 10/2025, cualquier publicidad relacionada con bienes originados en asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado será considerada ilícita en virtud de la legislación de publicidad vigente. Esto se alinea con lo establecido en la Ley General de Publicidad, que delineará claramente qué constituye una práctica publicitaria desleal.
Además, el artículo 18 de la Ley 3/1991 de Competencia Desleal califica como desleal toda publicidad que se declare ilícita según la Ley General de Publicidad. En este contexto, en diciembre de 2025, el Ministerio de Consumo ya había requerido a varias multinacionales que eliminaran su oferta de alojamiento en estos territorios, logrando así que se retiraran un total de 138 anuncios considerados ilegales bajo la normativa vigente.
Este Real Decreto-ley, el cual fue aprobado por el Consejo de Ministros y ratificado por el Congreso de los Diputados, también incluye otras medidas drásticas, como el embargo total de armas hacia Israel y la prohibición de importar productos que tengan su origen en asentamientos israelíes ilegales en territorio palestino ocupado. Adicionalmente, se prohíbe el tránsito por el territorio español de combustibles que puedan tener un uso militar en Israel.
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