Consultora aclara al juez del 'caso Begoña Gómez' su ausencia en el desarrollo del software de la Complutense.

La consultora Deloitte ha dejado claro su papel limitado en la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuyo funcionamiento está bajo la lupa judicial tras las acusaciones que involucran a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, por presuntos delitos de apropiación indebida.
En un escrito dirigido al juez Juan Carlos Peinado, Deloitte asegura que su intervención se restringió a ofrecer "soporte y asesoría a la oficina de proyecto" de la cátedra, y enfatiza que no participó en la creación ni en el mantenimiento del controvertido software objeto de investigación.
De acuerdo con la información a la que ha tenido acceso Europa Press, la consultora respondió a una solicitud del juez en la que se le requerían detalles sobre "códigos fuente, ejecutables y otros entregables digitales relacionados con su colaboración" en el proyecto educativo. Deloitte aclara que su labor se limitó a brindar apoyo administrativo y que no tuvo acceso directo a las herramientas digitales en cuestión.
Además, Deloitte ha subrayado que la oficina de proyecto en la que trabajaron ya estaba operativa antes de su intervención, y que su objetivo era desarrollar un software que ayudara a las PYMEs a medir su avance en el ámbito de la transformación social competitiva.
El juez ha solicitado esta información a Deloitte debido a que varias acusaciones populares han exigido que se realicen diligencias adicionales para aclarar la situación, lo que podría dar lugar a un posible juicio oral. Begoña Gómez, quien ha sido citada de nuevo para declarar, se enfrenta a serias acusaciones que incluyen tráfico de influencias y malversación.
La investigación está centrada en diversos aspectos, como la supuesta influencia que tuvo Gómez sobre el empresario Juan Carlos Barrabés, así como su gestión en la cátedra y en los dos másteres que co-dirigía en la UCM. Además, se indaga sobre la posible apropiación indebida del software y el nombramiento de una asesora en Moncloa, Cristina Álvarez.
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