El debate sobre la delegación de competencias en materia de migración a Cataluña ha generado reacciones encontradas, especialmente entre los partidos que integran la coalición Sumar. En este contexto, la iniciativa aprobada entre el PSOE y Junts ha sido recibida con entusiasmo por algunos, mientras que otros la critican fuertemente.

Los 'Comunes' han expresado su entusiasmo por el acuerdo, considerándolo un avance significativo en el ámbito migratorio, al igual que Més per Mallorca, que resalta la importancia de la descentralización. Sin embargo, Más Madrid se ha manifestado en contra, advirtiendo que podría sentar un "mal precedente" para el futuro de las políticas migratorias en España.

Águeda Micó, portavoz de Compromís en el Congreso, ha expresado su apoyo a la transferencia de competencias, aunque ha pedido que se incluya en la ley el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE). Su compañero, Alberto Ibáñez, ha criticado duramente la propuesta, enfatizando que gestionar un CIE, ya sea en Cataluña o en el resto de España, sigue siendo una violación de derechos.

Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, ha defendido la legalidad del acuerdo al apuntar que no invade las competencias del Estado, asegurando que se enmarca dentro de la normativa constitucional y europea. Según ella, la legislación es esencial para respetar los derechos humanos en el contexto migratorio.

Aina Vidal, coportavoz de los Comunes, ha corroborado la necesidad de dar pasos inmediatos hacia la reforma de la Ley de Extranjería, mientras que otros miembros de su partido están presionando para que se apoye la propuesta de PSOE y Junts. Sin embargo, Podemos ha mostrado su intención de votar en contra, lo que podría complicar la aprobación de la normativa.

Desde Més per Mallorca, Vicenç Vidal ha subrayado la importancia de avanzar hacia un federalismo que respete las competencias autónomas, aunque ha advertido sobre la posible retórica demagógica que podría surgir, especialmente de sectores de la derecha en relación a Cataluña y la inmigración.

Más Madrid ha puesto de relieve la posibilidad de que este acuerdo genere una competencia entre comunidades autónomas por políticas migratorias más restrictivas, lo que podría intensificar la xenofobia. Manuela Bergerot, portavoz del partido, ha criticado esta tendencia, indicando que el pacto entre PSOE y Junts podría escalar la tensión en el debate migratorio.

Alberto Ibáñez ha rebatido la propuesta asegurando que cualquier forma de gestión que no cierre los CIE es inaceptable y ha instado a la reflexión sobre las implicaciones del acuerdo. A su vez, Micó ha incidido en que la ley debe garantizar derechos claros para los migrantes, sugiriendo que la legislación es una ocasión propicia para cerrar los CIE.

La postura de la Chunta Aragonesista es alineada con esta perspectiva, apoyando la transferencia de competencias pero enfatizando la necesidad de que se respeten los derechos humanos en el proceso. Su representante, Jorge Pueyo, ha criticado que este debate pueda ser utilizado para alimentar el odio de la derecha y la extrema derecha, instando a un enfoque que promueva la inclusión y el respeto.