En conmemoración del quinto aniversario del golpe militar en Birmania, se evidencia un panorama devastador que incluye una crisis humanitaria creciente, un clima de conflicto intenso y una fragmentación social notable. La resistencia armada contra la junta militar, compuesta por grupos de autodefensa y organizaciones armadas, continúa tomando forma mientras el pueblo birmano enfrenta angustias inimaginables.

Las estadísticas relacionadas con la violencia en el país son difíciles de validar, pero diversas organizaciones han proporcionado estimaciones alarmantes. Según ACLED, alrededor de 90.000 personas han perdido la vida en los enfrentamientos durante estos cinco años. En un informe separado, la Asociación de Asistencia de Presos Políticos (AAPP) reporta casi 30.400 detenciones y cerca de 7.800 muertes entre civiles a manos del régimen encabezado por el general Min Aung Hlaing.

A pesar de la situación caótica, la junta militar se aferra a su poder, reivindicando una victoria electoral que, según ellos, valida su autoridad. No obstante, el gobierno depuesto, junto a su líder Aung San Suu Kyi, aún en prisión, continúan recibiendo apoyo desde el exilio y la comunidad internacional, aunque estas iniciativas de mediación no han logrado resultados concretos.

Por otro lado, deben considerarse los graves cargos en curso, incluidos los de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia, en relación con la persecución sistemática contra la minoría rohingya, que provocó la huida de cientos de miles a Bangladesh. Adicionalmente, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional ha solicitado una orden de arresto contra el líder militar por supuestos crímenes contra la humanidad, aunque aún no se ha tomado una decisión judicial al respecto.

Las fuerzas de resistencia, como el Ejército de Independencia Kachin (KIA) y el Ejército Arakan (AA), junto a otros grupos de autodefensa, están desafiando la autoridad militar en varias regiones del país, complicando aún más la situación para la junta. Sin embargo, el coste humano continúa creciendo: según OCHA, los desplazados internos han aumentado drásticamente, junto a millones que requieren asistencia vital.

La población soporta el peso de un conflicto que se ha visto agravado por desastres naturales, entre ellos un devastador terremoto el pasado marzo. Este evento evidenció las falencias del régimen militar para lidiar con situaciones de crisis, contradiciendo sus afirmaciones de solidez y competencia.

Ante esta inestabilidad, Human Rights Watch ha denunciado el auge de actividades ilegales, incluyendo el tráfico de personas y la extracción descontrolada de recursos. Las operaciones delictivas, lideradas por bandas criminales, han invadido la región, generando un clima de explotación y sufrimiento para muchos birmanos.

La barbarie del conflicto ha ido en aumento, reflejada en la intensificación de ataques aéreos y drones. Expertos en derechos humanos han calificado estos últimos cinco años como un desgarrador ejemplo de cómo la junta ha fallado en su estrategia, abordando el control a través del terror en lugar de la paz.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha expresado su inquietud por la rápida degradación de las condiciones en Birmania, señalando que el sufrimiento del pueblo ha alcanzado niveles críticos. Su llamado a la comunidad internacional es claro: se necesita unidad y un compromiso firme para abordar la raíz de esta crisis humanitaria.

Guterres advirtió sobre el aumento de delitos transnacionales y la grave inseguridad alimentaria, indicando que la violencia sigue escalando, especialmente contra la población civil. Urgió a todas las partes involucradas a moderar sus acciones y permitir el acceso humanitario sin restricciones para aliviar el sufrimiento.

En su análisis, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ofreció una crítica contundente hacia el proceso electoral orquestado por los militares, señalando que ha servido solo para agravar la violencia y la polarización. Subrayó que, tras el derrocamiento del gobierno democráticamente elegido, el país ha perdido medio decenio crucial de progreso y estabilidad, afectando profundamente la vida de sus ciudadanos.

La represión, las detenciones arbitrarias y la vigilancia masiva se han vuelto habituales en la estrategia de la junta para mantener el control. A medida que la crisis se intensifica, queda claro que el camino hacia un gobierno verdaderamente civil y democrático en Birmania sigue estando alejado y lleno de desafíos.