En Madrid, un colectivo de 116 científicos ha emitido una declaración impulsada por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en defensa del lobo ibérico, reclamando algunas acciones urgentes por parte de las comunidades autónomas afectadas y del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO). Según este grupo de expertos, la situación del lobo en nuestro país es crítica y requiere su inclusión en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), así como la prohibición de su caza.

Los firmantes de la carta destacan que el análisis del estado de conservación del lobo debe abarcar la totalidad de la población ibérica, que incluye tanto a España como a Portugal, rechazando enfoques fragmentados. Además, han apoyado la propuesta gubernamental de fijar en 500 el número mínimo de manadas necesarias para asegurar la supervivencia a largo plazo de esta especie emblemática.

Este número se fundamenta, según los expertos, en un informe reciente que la Comisión Europea solicitó a la Iniciativa para los Grandes Carnívoros de la UICN, considerada la referencia más robusta para evaluar el estado de conservación de los grandes depredadores en Europa.

El documento también advierte sobre la reducción drástica del área que tradicionalmente ocupaba el lobo ibérico. Las poblaciones del sur del país han disminuido notablemente, y un reciente censo indica que la tasa de crecimiento de estos lobos en España es notablemente inferior al 12% observada en otros lugares de Europa.

Los científicos han enumerado diversas amenazas que siguen poniendo en riesgo a la especie, como la disminución de la diversidad genética, dado que los lobos ibéricos tienen la menor variabilidad genética de todas las poblaciones de lobos en Europa. Además, citan altos índices de mortalidad debido a la caza ilegal y la potencial reactivación de la caza legal.

Finalmente, los investigadores enfatizan que las decisiones sobre conservación deben fundamentarse en la mejor evidencia científica y el principio de precaución, y no ser influenciadas por intereses económicos o políticos, lo que sería una traba para la protección de esta especie en peligro.