En un inédito paso por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se informó en su Pleno ordinario de este jueves en contra de la continuidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Aunque esta opinión no es vinculante, el Gobierno podrá seguir adelante con su renovación. Esta situación marca un precedente en la democracia española, ya que hasta ahora el CGPJ no había informado en contra de un candidato propuesto por el Gobierno.

Según fuentes del CGPJ, de los 16 vocales que forman actualmente el Consejo, 15 participaron en el debate sobre García Ortiz. El vocal Enrique Lucas, quien suele alinearse con el bloque progresista, estuvo ausente debido a que su hermano es uno de los magistrados que firmó la reciente sentencia del Tribunal Supremo que acusó a García Ortiz de "desviación de poder" por ascender a su predecesora, Dolores Delgado, a la máxima categoría de la carrera fiscal.

Finalmente, el Consejo declaró a García Ortiz como no idóneo por 8 votos en contra y 7 a favor. Los vocales que informaron en contra fueron Ángeles Carmona, Nuria Díaz, José María Macías, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez Tristán, José Antonio Ballestero, Wenceslao Olea y Carmen Llombart. Por su parte, le apoyaron Vicente Guilarte, Roser Bach, Juan Martínez Moya, Clara Martínez de Careaga, Pilar Sepúlveda, Álvaro Cuesta y Mar Cabrejas.

En julio de 2022, el CGPJ respaldó la elección de García Ortiz como fiscal general del Estado, obteniendo 12 votos a favor y 7 en contra. Sin embargo, esta renovación ha generado más controversia debido a la sentencia del Tribunal Supremo y a las polémicas respuestas del fiscal ante ciertas solicitudes de amparo de sus compañeros fiscales.

El Gobierno, por su parte, ha ratificado su confianza en García Ortiz y ha confirmado su continuidad en el cargo hasta 2027. Según la ministra portavoz, Pilar Alegría, destacó la "impecable" trayectoria del fiscal general del Estado.

Desde su nombramiento, García Ortiz ha enfrentado críticas debido a su estrecha relación con Dolores Delgado y a su rápida transición del Ministerio de Justicia a la Fiscalía General del Estado. Estas críticas han provienido tanto de la Asociación de Fiscalía (AF) como de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF).

El Tribunal Supremo también ha sido contundente en su sentencia, acusando a García Ortiz de una "desviación de poder" al ascender a Delgado sin seguir los criterios objetivos para el nombramiento en el empleo público. Además, se ha desatado polémica por un acuerdo entre el PSOE y Junts que abre la puerta a sancionar a los jueces y fiscales involucrados en el enjuiciamiento del 'procés'.

Los fiscales del 'procés' han enviado una carta a García Ortiz solicitando su amparo institucional, pero la respuesta del fiscal general del Estado ha dejado insatisfechos tanto a sus compañeros como a la opinión pública. Ahora, 18 fiscales del Tribunal Supremo y 22 de Anticorrupción, junto con los vocales de la AF en el Consejo Fiscal, han solicitado a García Ortiz que ampare a sus compañeros fiscales.