El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no considerar la huelga anunciada por diversas asociaciones de jueces y fiscales, excluyendo a las progresistas, programada para los días 1, 2 y 3 de julio como respuesta a las reformas en el ámbito de la Justicia que está impulsando el Gobierno. Además, el CGPJ ha dejado claro que no tiene autoridad para establecer servicios mínimos durante la huelga. A pesar de esto, no se prevén sanciones para aquellos que decidan participar en la manifestación.

Fuentes del CGPJ han indicado a Europa Press que esta resolución fue tomada por el Pleno en una sesión extraordinaria, la cual se convocó tras la solicitud del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes para que se pronunciaran sobre la huelga.a.

El Pleno ha informado a las organizaciones que han convocado la huelga y al propio Ministerio que, tal como había determinado en años anteriores, el ejercicio del derecho a huelga por parte de jueces y magistrados carece de marco normativo. En consecuencia, no se considerará válida la convocatoria de huelga, y el CGPJ no puede establecer servicios mínimos para la misma.

No obstante, se ha observado que esta huelga no debería afectar aspectos cruciales como el reparto de casos, los servicios de guardia y la atención a situaciones urgentes, entre otros. El CGPJ ha subrayado la importancia de que incluso en situaciones de protesta se respete el funcionamiento adecuado del Poder Judicial.

El Ministerio de Justicia, bajo la dirección de Félix Bolaños, ha instado al CGPJ a tomar medidas que garanticen que la remuneración de los jueces y fiscales que se unan a la protesta sea proporcionalmente descontada. Esta información ha sido confirmada por fuentes de las que ha informado la agencia de noticias Europa Press.

A pesar de que se reconoce el derecho a la huelga en la Constitución, el CGPJ ha mantenido que este no está regulado para los magistrados. Las fuentes del CGPJ han afirmado que no se contemplan sanciones para quienes decidan participar en la movilización, y que cualquier influencia sobre sus salarios depende exclusivamente del Ministerio correspondiente.

El acuerdo del CGPJ también incluye una referencia a su informe sobre un anteproyecto de ley respecto a las modalidades de acceso a la carrera judicial y fiscal, en el cual expresaron su oposición unánime a ciertos aspectos del proceso de estabilización de empleados temporales.

El CGPJ ha calificado como "injustificada" la medida de estabilización, afirmando que no responde a exigencias de la Comisión Europea y subrayando que la reducción de los requisitos para el acceso a estas carreras perjudica el principio de igualdad en el acceso a funciones públicas.

Asimismo, se ha destacado que la estabilización de jueces y fiscales interinos no resolverá la situación de la justicia interina, tal como se ha estipulado en la redacción de recientes proyectos de ley.

El CGPJ ha reconocido la dedicación profesional de quienes han superado las exigentes pruebas para acceder a la carrera judicial y ha reafirmado su compromiso con la calidad del servicio prestado por el Poder Judicial.

A pesar de las protestas de jueces y fiscales, el Gobierno ha confirmado su intención de seguir adelante con el proceso legislativo de reformas relacionadas con las carreras judicial y fiscal. El ministro ha mencionado que existe una mayoría parlamentaria que apoya la modernización del sistema judicial y confía en que se logrará un acuerdo enfocado en fortalecer la independencia del Poder Judicial.

Sin embargo, las asociaciones de jueces y fiscales han manifestado su preocupación de que estas reformas socavarán la independencia judicial y el Estado de Derecho, citando riesgos como la posible selección ideológica de futuros jueces y la disminución de los estándares de conocimiento exigidos para acceder a estas carreras.

En relación a la reforma de la Fiscalía, se ha advertido que se busca ampliar las competencias del fiscal general del Estado, quien es nombrado por el Gobierno sin filtros previos, lo que conduce a cuestionamientos sobre la falta de contrapesos en este proceso.

Las organizaciones convocantes ya habían realizado una paralización de 10 minutos el 11 de junio, en la que más del 70% de los participantes se adhirieron según sus estimaciones. Posteriormente, se llevó a cabo una consulta interna que mostró un apoyo superior al 80% a una posible huelga, impulsándolos a organizar una concentración frente al Tribunal Supremo el 28 de junio.