En un reciente congreso celebrado en Mérida, el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno, ha presentado una propuesta para establecer un tratado internacional que garantice el reconocimiento mutuo de la discapacidad entre España y Portugal. Esta iniciativa surge de la necesidad de superar las barreras existentes dentro de la legislación y los derechos en el ámbito de la discapacidad en Europa.

Pérez Bueno ha destacado que, si bien ha habido progresos en la legislación europea, aún existen limitaciones que dividen a los países europeos en este tema. Según sus declaraciones, "la raya sigue marcando territorio y separando" las realidades de las personas con discapacidad a ambos lados de la frontera ibérica. Esto subraya la urgencia de crear un marco más inclusivo que trascienda los prejuicios y facilite una verdadera colaboración entre naciones.

El presidente del Cermi ha criticado la reciente Directiva europea sobre la Tarjeta Europea de Discapacidad, describiéndola como un "paso insuficiente." Pérez Bueno ha propuesto que, en lugar de esperar a que la Unión Europea actúe de manera determinante, los estados miembros podrían establecer acuerdos bilaterales más ágiles y efectivos. "Lo que no puede Europa, sí pueden los Estados," añadió, enfatizando la responsabilidad de cada nación de avanzar en este aspecto.

En sus afirmaciones, Pérez Bueno visualiza un espacio ibérico en el que se reconozcan los certificados de discapacidad emitidos en uno u otro país, propiciando un intercambio de derechos y beneficios. Esto, según él, no solo representaría un avance significativo en los derechos humanos y la discapacidad, sino que también serviría como un modelo inspirador para el resto de la Unión Europea.

El tratado propuesto por el Cermi abarcaría no solo el reconocimiento de la discapacidad, sino también áreas vitales como la educación inclusiva, la atención temprana, la rehabilitación y la integración laboral, así como medidas fiscales y de protección social. El objetivo es garantizar que las personas con discapacidad gocen de igualdad de oportunidades y plena ciudadanía, sin importar su lugar de residencia.

"En discapacidad, la Raya no debe ser un foso, sino un puente," concluyó Pérez Bueno, señalando la importancia de establecer conexiones en lugar de divisiones. En el mismo evento, Montserrat Coleto Raposo, subdirectora general de Ordenación Normativa del Ministerio de Derechos Sociales, realizó una presentación sobre los avances en la transposición de la Directiva Europea, que tiene como objetivo facilitar la movilidad y el acceso a derechos para más de cuatro millones de personas en España y Portugal. Este proceso normativo finalizará con la aprobación de un Real Decreto en 2026, y se espera que las nuevas tarjetas sean operativas en 2028, garantizando una mayor inclusión.