CCOO y UGT instan al Gobierno a continuar el registro horario a pesar del rechazo del Consejo de Estado.

En un nuevo capítulo del debate sobre la normativa laboral, los sindicatos CCOO y UGT han manifestado este martes su seria inquietud y oposición al reciente dictamen del Consejo de Estado que se muestra en contra del proyecto de Real Decreto destinado a reformar el registro de jornada laboral. Según estos sindicatos, el dictamen genera "serias dudas y obstáculos" en un contexto donde la prioridad debería ser asegurar el cumplimiento de las leyes existentes en lugar de cuestionarlas.

A pesar de este informe negativo, CCOO y UGT hacen un llamado al Gobierno para que continúe la tramitación de la reforma, apuntando a la necesidad de "reforzar sus garantías y asegurar su efectividad". Los sindicatos argumentan que no se puede permitir que un informe de carácter no vinculante sirva como excusa para el incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco del diálogo social. Dicen que los derechos de 16,6 millones de trabajadores están en juego, haciendo un fuerte hincapié en la equidad del sistema económico.

Los sindicatos defienden que es primordial llevar a cabo la reforma del registro horario para lograr una competencia justa entre las 1,34 millones de empresas que operan en España. En este sentido, enfatizan que las empresas que cumplen con la ley no deben ser perjudicadas frente a aquellas que se benefician del incumplimiento sistemático de las normativas laborales.

El Consejo de Estado, según fuentes de Europa Press, ha cuestionado no solo la urgencia del trámite sino también el proceso elegido para llevar a cabo esta reforma, argumentando que un asunto de tal magnitud—que afecta a más de 1.300.000 empresas con un modelo de registro único—requiere un procedimiento más exhaustivo.

En su análisis del dictamen, CCOO y UGT subrayan que el fraude relacionado con el tiempo de trabajo en España es un fenómeno estructural. Afirman que cuatro de cada diez horas extraordinarias no son remuneradas ni compensadas, lo que equivale a cerca de 130 millones de horas no pagadas anualmente y un ahorro ilícito para las empresas que asciende a más de 3.200 millones de euros cada año.

Los sindicatos describen este incumplimiento como un "hurto" no solo a los trabajadores, sino también a la Seguridad Social y a las arcas del Estado, dado que muchas horas no remuneradas no generan las cotizaciones correspondientes. Argumentan que este fenómeno es conocido y no debe ser ignorado.

En su crítica, CCOO y UGT resaltan que, aunque el Consejo de Estado reconoce la existencia de incumplimientos "masivos" en el registro de jornada y su relación con la precarización laboral y el sistema de protección social, su dictamen no parece centrarse en lo que realmente importa. En lugar de enfocarse en el instrumento propuesto, deberían considerar el cumplimiento efectivo de la ley, advierten, al indicar que el actual sistema de registro es insuficiente.

Los sindicatos también recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que los sistemas de registro de jornada han de ser "objetivos, fiables y accesibles". Sin embargo, afirman que el modelo actual en España no cumple estos criterios, lo que ha suscitado críticas desde instancias europeas.

En este contexto, CCOO y UGT argumentan que el proyecto de Real Decreto buscaba precisamente mejorar la trazabilidad y evitar la manipulación en los registros de jornada. Sin embargo, notan con preocupación la atención excesiva que el Consejo de Estado ha dado a la protección de datos, dado que el dictamen incluye una opinión negativa de la Agencia Española de Protección de Datos sobre la falta de cumplimiento de la normativa legal en esta materia.

Los sindicatos sostienen que la preocupación por la privacidad en este caso parece tener prioridades erróneas. Alertan que esta atención puede acabar favoreciendo a empresas que no cumplen con la ley, dificultando así el trabajo de la Inspección laboral. CCOO y UGT advierten que si se lleva este criterio al extremo, se podría cuestionar incluso el control de la Inspección de Hacienda sobre las cuentas empresariales en nombre de la protección de datos.

Este razonamiento, señalan, evidencia un absurdo: no se debe utilizar la protección de datos como una excusa para frenar el cumplimiento de la ley. Además, ambos sindicatos expresan su inquietud ante la tendencia de relegar las cuestiones de cumplimiento normativo a ámbitos de negociación, como si el respeto a las normas laborales fundamentales pudieran ser objeto de discusión.

Finalmente, se interrogan sobre la postura del Consejo de Estado, cuestionando si realmente se considera que derechos esenciales como el pago de salarios y el respeto a la jornada pueden quedar sujetos a negociaciones. Insisten en que la negociación colectiva es importante, pero no debe suplantar el cumplimiento de la legalidad laboral.