Amnistía Internacional ha denunciado la falta de recursos por parte de las comunidades autónomas para atender a las víctimas de violencia sexual, a pesar del incremento de las denuncias. Según la organización, de los 52 centros de crisis 24 horas que debían haber sido inaugurados este año, solo cuatro están funcionando.

En 2022, el número total de denuncias por delitos contra la libertad sexual aumentó un 13% en comparación con el año anterior. Durante este periodo, las denuncias de agresiones con penetración se incrementaron en un 34%, según fuentes del Ministerio del Interior. En el primer semestre de 2023, las denuncias de este tipo de delitos aumentaron un 13% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional España, ha señalado que aunque aumenta el número de denuncias, las comunidades autónomas no han implementado los recursos necesarios para brindar una atención integral a las víctimas. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, muchas de las medidas destinadas a proteger y atender a las víctimas de violencia sexual aún no se han implementado, incluida la apertura de centros de atención especializada 24 horas.

El compromiso del Gobierno era abrir un centro de crisis en cada provincia, así como en Ceuta y Melilla, alcanzando un total de 52 centros para el 31 de diciembre de 2023. Sin embargo, hasta el momento, solo funcionan tres centros de crisis 24 horas en todo el país, y Navarra ha anunciado la próxima apertura de otro. La responsable de investigación de Amnistía Internacional ha lamentado que el objetivo de los 52 centros está lejos de cumplirse.

La organización reconoce que algunas comunidades autónomas ofrecen asistencia coordinada y permanente a las víctimas de violencia de género, incluyendo a las víctimas de violencia sexual. Sin embargo, consideran que este servicio está lejos de proporcionar una atención integral y especializada, tal como recomienda el Consejo de Europa.

Amnistía Internacional critica que la prórroga de un año concedida para la apertura de los centros no es suficiente y que las mujeres que sufren violencia sexual deben esperar para recibir una atención adecuada debido a la falta de interés y diligencia de las comunidades autónomas en cumplir con su obligación de protegerlas y atenderlas.