SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 de septiembre.

El Gobierno de Canarias mantiene bajo su tutela a 4.898 menores migrantes no acompañados, a pesar de que la reforma de la ley de extranjería ya está en vigor y el Tribunal Supremo ha resuelto que el Estado debe acoger a quienes solicitan asilo en el archipiélago.

En este marco, Tenerife y Gran Canaria recibirán la próxima semana a una delegación de eurodiputados pertenecientes a la Comisión de Peticiones, liderada por el presidente Bogdan Rzonca y compuesta por Sandro Ruotolo, Sebastian Kruis, Crespo Díaz, Sandra Gómez López y Jorge Buxadé Villalba.

El presidente canario, Fernando Clavijo, tiene previsto reunirse con la delegación este lunes en la sede de la Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, donde enfatizará la importancia de que Europa reconozca y asuma el compromiso con la singularidad de Canarias como frontera exterior de la Unión Europea.

Bajo esta perspectiva, Clavijo ha destacado la urgencia de que el reto migratorio, que ha sido afrontado en soledad por Canarias durante un prolongado período, reciba la atención adecuada dentro de las instituciones europeas.

El presidente ha añadido que "la presión migratoria en las islas no debe ser considerada un problema aislado, sino como un desafío que requiere una respuesta a nivel europeo, teniendo en cuenta también la condición de Canarias como región ultraperiférica".

Clavijo ha exhortado a "dar voz a los 4.898 menores que residen en las islas" y ha señalado que, pese a los avances realizados hasta la fecha, estos siguen siendo insuficientes.

Según el presidente, "la carga de garantizar su protección no debería recaer únicamente en Canarias; es imprescindible contar con más recursos, respaldo jurídico y un compromiso genuino por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea".

Durante su estancia de dos días en el archipiélago, los eurodiputados visitarán centros de acogida temporal y se reunirán con diversos actores, incluyendo representantes de Frontex y de la Agencia de Asilo de la UE, miembros de la comunidad educativa encargados de la integración de los menores no acompañados, así como con asociaciones vecinales y autoridades judiciales, incluyendo a organizaciones como Cruz Roja y Salvamento Marítimo.