En un giro que promete agitar las aguas del debate sobre la ocupación de territorios palestinos, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha declarado su firme compromiso con la causa al enviar hoy una carta al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Bustinduy considera que la colaboración de la patronal es esencial para garantizar que las empresas españolas no participen en la ocupación ilegal en Palestina.

Según Bustinduy, un número no revelado de compañías españolas ha detenido sus actividades en los territorios palestinos ocupados, cumpliendo con una solicitud que realizó el año pasado. Esta acción, dice el ministro, marca un primer paso positivo, aunque aún persisten entidades que continúan operando en esas áreas en situaciones controvertidas.

En una entrevista reciente, Bustinduy manifestó su preocupación por los activistas que se han desplazado para apoyar la Marcha Mundial a Gaza y destacó el papel crucial de los movimientos civiles en ejercer presión sobre el Estado israelí. Agradeció a quienes luchan por lo que considera una causa justa, en un contexto donde la presión internacional parece escasa.

El titular de Derechos Sociales hizo hincapié en la obligación moral de todos los actores, incluidos los sectoriales y económicos, para trabajar juntos y poner fin a lo que denomina un genocidio continuo. Además, resaltó la importancia de cualquier iniciativa que busque intensificar la presión sobre Israel.

Recientemente, Bustinduy recordó que había instado a las empresas a reconsiderar sus operaciones en estos territorios, subrayando que su actividad podría estar en contra del derecho internacional. Aunque generó cierto revuelo, el resultado ha sido el cese de operaciones de varias compañías, lo que el ministro celebra como un paso en la dirección correcta, aunque aún queda camino por recorrer.

El día de hoy se dirigirá a Garamendi para solicitarle que se asegure de que todas las entidades comerciales españolas actúen de manera responsable y no contribuyan, directa o indirectamente, a lo que él califica de ocupación y apartheid en Palestina. El ministro destaca que el compromiso de la CEOE es fundamental y espera que su respuesta sea positiva.

Bustinduy también mencionó que su ministerio ha trabajado para que el etiquetado de productos provenientes de territorios ocupados refleje su origen, algo exigido por el derecho comunitario y que se considera un deber hacia los consumidores, quienes merecen transparencia en sus decisiones de compra.

En un contexto más amplio, el trabajo legislativo de Bustinduy y su partido, Sumar, incluye la instauración de leyes que prohíban la colaboración con gobiernos que ocupan ilegalmente territorios, como el israelí. La ley propuesta también impediría que empresas nacionales participen en actividades que sostengan asentamientos ilegales en estos territorios, considerados de acuerdo a Bustinduy como una forma de apartheid.