La Comisión Europea ha solicitado por escrito al Gobierno de Bulgaria que explique la controvertida ley que prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo, una medida similar a la que se encuentra en vigor en Rusia.

En una conferencia de prensa desde Bruselas, el portavoz europeo de Justicia, Christian Wigand, confirmó que la comisaria de Igualdad, Helena Dalli, envió una carta la semana pasada al Ministerio de Educación búlgaro para que informe sobre la normativa.

"Una vez que recibamos la información, analizaremos si esta legislación cumple con la legislación de la Unión Europea", indicó Wigand, sin emitir juicios hasta que Sofía responda a las inquietudes planteadas por la Comisión europea. Bulgaria tiene ahora dos semanas para aclarar cuestiones relacionadas con la polémica ley.

El portavoz comunitario reafirmó el compromiso de la UE en la lucha contra la discriminación y la desigualdad hacia las personas LGTBI, como se establece en la estrategia de 2020, que también abarca aspectos educativos.

Aunque han evitado enfrentarse directamente con las autoridades búlgaras, la Comisión Europea ha manifestado su compromiso en la defensa y la lucha contra la discriminación de las personas LGTBI en Europa.

Impulsada por el partido ultraderechista Renacimiento, la normativa prohíbe la promoción, defensa o incitación de la "propaganda" LGTBI en el sistema educativo. Específicamente, el veto se refiere a "realizar propaganda, así como promover e incitar de cualquier manera, directa o indirectamente, ideas y puntos de vista relacionados con la orientación sexual no tradicional y/o la determinación de una identidad de género distinta de la biológica".

La ley define la "orientación sexual no tradicional" como aquella que es "diferente de los conceptos generalmente aceptados e integrados en la tradición jurídica búlgara de atracción emocional, romántica, sexual o sensual entre personas de sexos opuestos", lo que ha generado críticas por parte de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ha instado a Bulgaria a "reconsiderar" la legislación.