En Bruselas, la Comisión Europea ha tomado la decisión de llevar a cabo un análisis exhaustivo en torno a la reciente solicitud del Gobierno español para que el catalán sea enseñado como lengua optativa en las Escuelas Europeas. Este análisis se centra en el impacto legal, financiero y práctico de tal inclusión, excluyendo a otras lenguas españolas como el euskera y el gallego.

El análisis solicitado por Bruselas, que participa en la Junta Directiva encargada de evaluar esta propuesta, busca reflexionar sobre el posible establecimiento de un precedente en relación con otras lenguas en la Unión Europea. Fuentes cercanas al organismo han expresado la importancia de contar con toda la información relevante antes de tomar una decisión.

Durante una reciente reunión del Comité Conjunto de Enseñanza de las Escuelas Europeas, se abordó el tema y se establecieron puntos de vista variados. Mientras algunos consideran que la inclusión podría alinearse con los objetivos educativos, otros manifestaron inquietudes sobre sus implicaciones legales y financieras, además de la falta de datos que cuantifiquen sus repercusiones.

Es importante resaltar que las recomendaciones de esta Junta no son de carácter obligatorio. La decisión formal sobre la inclusión del catalán no se espera antes de la reunión programada para abril, donde el Consejo de Gobernadores evaluará la situación. Hasta entonces, permanecerá la incertidumbre sobre la posible votación de la propuesta en la sesión del 9 de abril.

Las Escuelas Europeas fueron creadas por los Estados miembros de la UE con el propósito de ofrecer una educación que fomente la diversidad cultural y lingüística, atendiendo prioritariamente a los hijos de los empleados comunitarios. Abarcan una amplia gama educativa desde la infancia hasta la secundaria, cumpliendo así un rol fundamental en la integración de diferentes culturas.

En el documento que ha salido a la luz, el Gobierno español argumenta que el catalán debe ser clasificado como una “Otra Lengua Nacional” (ONL), similar a lo que ocurre en países donde coexisten múltiples lenguas oficiales, como Malta o en Irlanda con el gaélico.

Además, se ha indicado que el Ministerio de Educación está dispuesto a asumir los costos que conllevaría esta inclusión, aunque no se han concretado cifras detalladas sobre el número de estudiantes o las implicaciones presupuestarias del proyecto.

Los defensores del catalán resaltan en su argumentación que se trata de una lengua cooficial en España, avalada por la Constitución y hablada por millones, con una vital presencia en distintos sectores como la administración pública, los medios y la cultura.

Asimismo, se sostiene que permitir la enseñanza del catalán como ONL facilitaría la reintegración de estudiantes que deseen continuar su formación en su idioma en España, en campos como la administración pública.

El reconocimiento del catalán como lengua oficial de la Unión Europea es una de las promesas del PSOE a Junts, destacando que este proceso requeriría un cambio en la normativa comunitaria que tendría que ser aprobado por unanimidad, enfrentándose a reticencias de varios Estados miembros que ven riesgos en establecer tales precedentes.

En el período en que España estuvo al frente de la presidencia rotativa del Consejo de la UE, el Gobierno intentó incluir el reconocimiento de estas lenguas en las agendas de los encuentros ministeriales, proponiendo un enfoque gradual que priorizara igualmente al catalán, y ofreciendo hacerse cargo de los gastos implicados.

Algunos países han manifestado su resistencia a este cambio y exigen, antes de seguir adelante, la presentación de un análisis jurídico que aborde la posible inclusión de lenguas regionales, además de evaluaciones de impacto financiero y práctico, aunque por el momento no se ha asignado esta tarea a ningún grupo de trabajo específico dentro del Consejo.

Mientras tanto, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha hecho un llamado a la presidenta del Parlamento Europeo para permitir el uso del catalán, euskera y gallego en las sesiones plenarias de la Eurocámara, similar a otros acuerdos existentes entre España y diferentes instituciones comunitarias. Actualmente, un grupo de trabajo está revisando esta solicitud, aunque no hay plazos establecidos para su resolución.

Un informe preliminar de diciembre de 2023, elaborado por la Comisión Europea, estimó que la oficialización del catalán, euskera y gallego podría implicar un coste anual cercano a los 132 millones de euros. Sin embargo, este cálculo se fundamenta en otras experiencias como la del gaélico y no toma en cuenta las particularidades del contexto español.

Bruselas ha expresado su disposición a realizar un análisis más profundo sobre el tema, aunque este proceso aún no se ha llevado a cabo. Desde la Comisión han afirmado que, si se solicita formalmente, se elaborará un documento financiero completo tras obtener una postura oficial del Consejo y una propuesta clara por parte de las autoridades españolas respecto a varios aspectos, incluyendo un potencial régimen transitorio.