En Madrid, el 9 de julio, la comisionada europea de Medio Ambiente, Jessika Vilhelmsson, ha enfatizado un principio clave en la gestión de especies en el ámbito comunitario. De acuerdo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), ningún Estado miembro debería permitir la explotación de una especie que sea de interés para la comunidad si existe cualquier duda sobre su estado de conservación. Este recordatorio llega en un momento de creciente tensión sobre la caza de lobos en ciertas comunidades autónomas españolas.

La comisionada se pronunció en respuesta a una consulta presentada por la eurodiputada Irene Montero, de Podemos y Alianza Verde, que cuestionó la legalidad de los planes de caza de lobos anunciados por Asturias, Galicia y Cantabria, dado que la especie fue retirada del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

En su declaración, accedida por Europa Press, Vilhelmsson hizo alusión a una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del año 2024, la cual fue solicitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. En esta, se determinó que una normativa española que permitía la caza del lobo contradice el artículo 14 de la Directiva de Hábitats, ya que el estado de conservación del lobo estaba clasificado como "desfavorable-inadecuado" en el Anexo V.

La comisionada también destacó que la Comisión Europea está a la espera de recibir información actualizada sobre la situación del lobo en España, la cual el Gobierno debe remitir durante el presente mes. Sin embargo, Vilhelmsson subrayó que las decisiones sobre la caza de lobos deben estar respaldadas por evidencia científica robusta que respete los principios de prevención y cautela.

Parece que el debate en torno a esta cuestión ha generado preocupaciones, ya que Podemos y Alianza Verde han advertido sobre posibles violaciones graves de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. Tales infracciones podrían conducir a delitos penales relacionados con la caza ilegal de especies protegidas, que podrían acarrear penas de prisión de hasta dos años, además de multas e inhabilitaciones para cargos públicos.

Particularmente, han señalado que si Cantabria sigue adelante con su política de caza del lobo, podría estar actuando al margen de la legislación comunitaria. En este contexto, exigen que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, confirme públicamente la suspensión de cualquier acción de caza o control letal sobre los lobos.

Por otro lado, han instado a que se proporcione a la población información clara y transparente sobre las directrices dadas a los técnicos y agentes del medio ambiente. Juantxo López de Uralde, coordinador de Alianza Verde, afirmó que los argumentos de la derecha carecen de fundamento y que el lobo debe ser preservado como especie protegida.

Asimismo, Uralde argumentó que el censo recientemente publicado sobre la población de lobos desafía las narrativas alarmistas sobre la especie. Con la Comisión Europea respaldando su posición, hizo un llamado a las comunidades autónomas, especialmente a Cantabria, para que detengan las cacerías, así como a instar al Ministerio a reintroducir al lobo en el LESPRE.