Bolivia elimina restricciones al uso del Ejército en medio de protestas y bloqueos

El Senado boliviano ha aprobado la derogación de la Ley de Estado de Excepción, vigente desde 2020, que regulaba el uso del Ejército en escenarios de crisis social. La decisión, respaldada mayoritariamente en la cámara, reduce los límites legales para la implementación de medidas de excepción por parte del Ejecutivo.

Este cambio legislativo se produce en un contexto de intensas protestas en La Paz, que llevan tres semanas con bloqueos y demandas de renuncia presidencial. La medida busca ampliar la capacidad del Gobierno para responder a la conflictividad social, eliminando los controles y requisitos previos establecidos en la ley anterior.

La propuesta ha generado opiniones divididas. Los sectores cívicos, como el Comité pro Santa Cruz, argumentan que facilitar el uso del Ejército podría permitir soluciones más efectivas ante los bloqueos. En contraste, sindicatos y organizaciones sociales advierten que ello puede incrementar la violencia y la confrontación.

Por otra parte, instituciones como la Iglesia Católica, la Defensoría del Pueblo y organizaciones de derechos humanos piden el cese de la violencia y exigen investigaciones independientes sobre los enfrentamientos del fin de semana. Estos hechos dejaron heridos y una víctima mortal, generando preocupación por la situación de derechos humanos.

La situación política en Bolivia refleja un escenario de polarización y tensión creciente. La decisión legislativa se inscribe en un contexto donde el Gobierno busca mantener el control ante movilizaciones que desafían su autoridad, en medio de crisis política y social.

De cara al futuro, la derogación de la ley puede marcar un cambio en la gestión de conflictos sociales en Bolivia. Sin embargo, también aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de escalada de violencia y el retorno al diálogo, que sigue siendo fundamental para la estabilidad del país.