El hasta ahora ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes y uno de los padres de la ley de amnistía, Félix Bolaños, asume la cartera de Justicia en medio de un contexto de protestas judiciales. Bolaños ha estado involucrado en negociaciones clave relacionadas con el departamento de Justicia, como la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la renovación parcial del Tribunal Constitucional (TC).

Bolaños, madrileño de 47 años, pasará a ocupar uno de los cargos más importantes del Gobierno, con competencias equiparables a las de un vicepresidente político. Aunque no tiene formalmente ese puesto, su acumulación de poder y la relevancia de sus responsabilidades así lo indican.

Antes de unirse al Gobierno, Bolaños fue Letrado del Banco de España, profesor en el Instituto de Empresa (IE Law School) y abogado del despacho Uría Menéndez. Su experiencia en la negociación política y su papel como secretario general de la Presidencia lo han llevado a desempeñar funciones relacionadas con el Ministerio de Justicia incluso antes de asumir oficialmente el cargo.

En particular, Bolaños estuvo involucrado en la firma de los indultos a los líderes independentistas condenados por el 'procés', a pesar de que el ministro de Justicia Juan Carlos Campo fue quien los firmó oficialmente. Además, fue el encargado de presentar la medida de gracia a los medios de comunicación.

Uno de los principales desafíos para Bolaños será la tramitación y gestión de la ley de amnistía, incluyendo las posibles impugnaciones que podrían llevarla al Tribunal Constitucional y al Tribunal de Justicia de la UE. Esta ley necesitará el respaldo de jueces y tribunales para su aplicación, así como la intervención de la Abogacía del Estado.

Otro desafío pendiente es la renovación del CGPJ, que lleva casi cinco años con el mandato caducado. Aunque hubo intentos anteriores de renovación, el bloqueo político ha impedido su avance. Fuentes jurídicas consultadas apuntan que, de persistir el bloqueo, podría ser necesaria una modificación legal para facilitar la renovación.

El conflicto laboral con los funcionarios de la administración de justicia también requerirá la atención de Bolaños. Los funcionarios han estado exigiendo mejoras salariales similares a las obtenidas por los Letrados de la Administración de Justicia, y han amenazado con reactivar la huelga.

Además, Bolaños deberá enfrentarse al desafío de implementar las leyes de eficiencia digital, procesal y organizativa en el Servicio Público de Justicia, como parte del proyecto de transformación de la administración de justicia para acercarla al ciudadano.