Bolaños descarta expropiar vivienda en caso Maricarmen y busca acuerdo en el Consejo

El Gobierno español continúa negociando la aprobación de un nuevo real decreto de Vivienda, previsto para este martes 29 de septiembre. El ministro Félix Bolaños ha confirmado que no apoyan la expropiación de la vivienda de Maricarmen, una anciana desahuciada en Madrid, y que las medidas buscarán facilitar el acceso a la vivienda sin alterar principios constitucionales.

El contexto político actual refleja las dificultades para consensuar un paquete de medidas que satisfaga las demandas sociales y las distintas sensibilidades parlamentarias. Partidos como Junts y Podemos mantienen posturas enfrentadas, lo que ha ralentizado la tramitación del decreto anterior, que fue tumbado en dos ocasiones en el Congreso. La necesidad de un acuerdo amplio se ha convertido en prioridad para el Ejecutivo.

Desde el Ejecutivo, Bolaños ha destacado la importancia de adoptar soluciones integrales que beneficien a la mayoría de la población, especialmente a quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda digna. La estrategia se centra en medidas que faciliten el alquiler y la compra, sin recurrir a fórmulas que puedan ser consideradas inconstitucionales, como la expropiación.

El proceso negociador se ha desarrollado en un entorno de discreción para facilitar los acuerdos. El Gobierno mantiene conversaciones con distintos grupos parlamentarios, intentando superar vetos y diferencias para lograr una mayoría que permita aprobar las medidas en el consejo de ministros. La prioridad es aprobar un paquete que sea “potente y completo”.

Este escenario refleja las complejidades del panorama político, donde la fragmentación del parlamento obliga a buscar consensos que puedan resultar difíciles en una cuestión tan sensible como el acceso a la vivienda. La actitud del Gobierno apunta a mantener un diálogo abierto, sin descartar futuras modificaciones del decreto, en función de los acuerdos alcanzados.

En perspectiva, la aprobación de estas medidas en el próximo consejo de ministros marcará un paso importante en la política de vivienda del Gobierno, que busca responder a una problemática social creciente. El desafío será mantener la unidad parlamentaria necesaria para materializar estas propuestas en un contexto de alta polarización política.