En una medida que promete transformar el panorama judicial de España, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha revelado un plan de regularización extraordinario que contempla la creación de 1.004 nuevas plazas judiciales. De este total, 673 serán para jueces y 331 para fiscales sustitutos. Este proceso se pondrá en marcha una vez que el Congreso apruebe un proyecto de ley que busca modificar los criterios de acceso a los cuerpos judicial y fiscal.

Bolaños detalló que la regularización se incluirá en una enmienda durante la tramitación del mencionado proyecto de ley y se espera que dé inicio a lo largo de los dos meses posteriores a su aprobación. El ministro subrayó que el procedimiento se llevará a cabo bajo un sistema de concurso-oposición, con pleno respeto a los principios de igualdad, mérito y capacidad, tal como dictan los fallos del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

El ministro de Justicia expuso que esta iniciativa responde a exigencias fundamentales para mejorar la Administración de Justicia en el país, incluyendo una demanda que proviene de la Comisión Europea, que solicita regularizar la situación de jueces y fiscales sustitutos y magistrados suplentes. Bolaños se mostró convencido de que este proyecto representa una respuesta a una reivindicación histórica del ámbito fiscal y judicial.

A su parecer, en un periodo de tres años, se logrará equipar al sistema con el número adecuado de profesionales. Esto es crucial, dado que actualmente España no cumple con las ratios necesarias de jueces por cada mil habitantes, lo que ha llevado a una carga laboral excesiva dentro de la Administración de Justicia.

Con la incorporación de estas nuevas plazas, además de las 1.500 que ya se habían anunciado para el turno libre y el cuarto turno, Bolaños afirmó que se garantizará que las carreras judicial y fiscal cuenten con los medios humanos y materiales adecuados. Este objetivo se complementará con significativas inversiones en la digitalización y modernización tecnológica del sistema judicial.

Sin embargo, esta propuesta enfrenta un fuerte rechazo por parte de diversas asociaciones de jueces y fiscales, que han decidido convocar una huelga programada para los días 1, 2 y 3 de julio, a menos que el Gobierno retire las reformas planteadas, particularmente las relativas al acceso a la judicatura. Estas organizaciones han criticado fuertemente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por utilizar “falsamente a Europa como excusa” para implementar cambios en las bases de las carreras judiciales, argumentando que se convertiría a más de mil trescientos jueces y fiscales sustitutos en profesionales sin las evaluaciones pertinentes, lo que podría socavar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, y perjudicar gravemente a los jóvenes en promoción y a los miles de opositores que se esfuerzan por alcanzar sus objetivos profesionales.

La respuesta del Gobierno ha sido firme, asegurando que continuará con la tramitación del proyecto en el Parlamento. A pesar de ello, el PSOE se ha mostrado dispuesto a “mejorar” la reforma en el Congreso, aunque las asociaciones la consideran una oferta superficial, carente de un compromiso real para el cambio necesario en la justicia española.