En la tarde del 8 de septiembre en Madrid, la defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado una petición ante la Audiencia Provincial de Madrid. Su solicitud es que se impida a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceder a los correos electrónicos que se han enviado y recibido desde su cuenta oficial en Presidencia desde julio de 2018, fecha en la cual se contrató a su asesora, Cristina Álvarez.

Este recurso directo de apelación, presentado el lunes y al que ha tenido acceso Europa Press, busca dejar sin efecto una resolución dictada por el juez Juan Carlos Peinado, en la que se ordena a la Presidencia del Gobierno entregar dichos correos para su posterior análisis dentro de la investigación que sigue sobre una posible malversación relacionada con la contratación de Álvarez.

La defensa sostiene que la resolución que autoriza esta acción carece de fundamentos sólidos, ya que, según ellos, únicamente se limita a mencionar la forma en que el Juzgado tuvo conocimiento de los correos electrónicos involucrados, y en lugar de argumentar sobre la legalidad de la medida, inmediatamente decide proceder con la misma.

Es importante señalar que en la misma resolución, el juez Peinado requirió a Moncloa que proporcionara información detallada, incluyendo “el nombre completo de quienes han ocupado el cargo de secretario general de Presidencia” y el listado de quienes han autorizado o llevado a cabo los pagos desde el momento del nombramiento hasta la fecha actual.

Antonio Camacho, exministro socialista y abogado defensor de Gómez, subraya que no se ha cometido ninguna malversación en la contratación de su asesora. Afirmó que el hecho de facilitar apoyo a una amiga en el ámbito laboral no puede considerarse como una infracción penal de tal magnitud como es la malversación.