En un nuevo giro en el caso que involucra a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, ha decidido respaldar el recurso presentado por el Ministerio Público ante la Audiencia Provincial de Madrid. Este recurso busca limitar el acceso de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a los correos electrónicos de la cuenta de Presidencia de Gómez desde 2018.

El abogado José María de Pablo, quien representa a Álvarez, ha argumentado que permitir la revisión de siete años de correspondencia electrónica constituye una violación de derechos fundamentales. En su opinión, la decisión del juez Juan Carlos Peinado, emitida el pasado 3 de septiembre, carece de suficiente fundamentación, lo que, según él, debe llevar a la nulidad de la orden.

La defensa sostiene que la Audiencia Provincial de Madrid se enfrenta a una disyuntiva clara: debe decidir si la resolución del juez está debidamente motivada o si es necesario anularla debido a la falta de justificación adecuada. De Pablo advierte que no se puede suplir esta ausencia de motivación con argumentos nuevos presentados por el tribunal de apelación, ya que esto pondría en riesgo los derechos de los implicados.

En el recurso de apelación de la Fiscalía, al que ahora se adhiere Álvarez, se enfatiza que la orden de acceso a los correos compromete la intimidad y el derecho a la comunicación de la persona afectada. El Ministerio Público ha señalado que estos derechos están protegidos constitucionalmente y que cualquier diligencia se debe justificar adecuadamente mediante un auto, no una simple providencia.

Los fiscales han criticado al juez por no ofrecer un análisis exhaustivo sobre la necesidad y la proporcionalidad de revisar todos los correos enviados y recibidos por Gómez. Este cuestionamiento levanta inquietudes sobre la relación de cada uno de esos correos con el delito en investigación y el verdadero objetivo de la medida.

Este recurso de la Fiscalía complementa la solicitud presentada previamente por la defensa de Begoña Gómez, representada por el exministro socialista Antonio Camacho, quien también busca que se detenga el análisis de la correspondencia electrónica. Este caso sigue creciendo en complejidad y polémica, generando un intenso debate sobre la protección de derechos y la legitimidad de las investigaciones en curso.