En Madrid, el 16 de septiembre, la situación en torno a la asesora Cristina Álvarez, vinculada a Begoña Gómez, ha tomado un nuevo giro. La defensa de Álvarez ha presentado una solicitud ante la Audiencia Provincial para bloquear la orden del juez Juan Carlos Peinado, quien ha solicitado la entrega de todos los correos electrónicos del exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, en los que Álvarez sea remitente o destinataria.

Este movimiento se da en el contexto de una investigación que apunta hacia la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que se centra en supuestos delitos que incluyen malversación, tráfico de influencias y apropiación indebida, entre otros. El recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, se inscribe dentro de un proceso más amplio que evalúa si hubo un uso indebido de fondos públicos durante el nombramiento de Álvarez en Moncloa y si, además, se llevaron a cabo actividades privadas en beneficio de Gómez.

El abogado José María de Pablo, quien defiende a Álvarez, ha crítico la falta de justificación en la decisión del juez Peinado. Según De Pablo, “no solo se trata de una motivación insuficiente, sino de una carencia total de argumentación que infringe los derechos establecidos”. Además, ha indicado que un requerimiento de esta índole debería haber sido emitido mediante un auto formal y no a través de una providencia como hizo Peinado.

El letrado también hizo hincapié en que esta no es la primera vez que el juez actúa de manera inconsistente. En sus palabras: “La seguridad jurídica en este caso brilla por su ausencia”. Según su criterio, este sería el cuarto incidente en que el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 modifica su postura de manera abrupta, generando confusión y preocupación en el proceso.

La defensa de Álvarez también recordó un episodio reciente, cuando las acusaciones populares pidieron el 7 de julio que se requerieran esos correos y, contrariamente, el juez desestimó dicha solicitud el 13 de julio. Sin embargo, un mes después adoptó una decisión opuesta, lo cual ha suscitado preguntas sobre la coherencia del procedimiento en curso.

Ante estos acontecimientos, la defensa ha solicitado a la Audiencia de Madrid que revise su apelación y anule la decisión del juez Peinado. Además, fuentes provenientes del ámbito jurídico han informado a Europa Press que hay al menos ocho recursos pendientes relacionados con este caso, de los cuales seis ya están en proceso de revisión.