La Fiscalía Anticorrupción ha presentado nuevas evidencias en el caso que involucra a José Luis Ábalos, exministro de Transportes. Entre estos indicios, se destaca un apartamento en la Plaza España de Madrid, que, según la investigación, fue abonado por la denominada 'trama Koldo' a la expareja del político socialista. Este hecho, junto a otras irregularidades relacionadas con un chalet en La Alcaidesa y transacciones económicas, aumenta la gravedad de las acusaciones en su contra.

En un informe al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, subraya que el acceso a esta vivienda, financiada por personas ligadas a Víctor de Aldama, representa indicios concretos de cohecho en la investigación que se está llevando a cabo en el Tribunal Supremo.

Luzón destaca elementos clave relacionados con las acusaciones: el disfrute por parte de la expareja de Ábalos de un inmueble pagado por la red de Aldama, el alquiler de un chalet, adquirido con el propósito de satisfacer las necesidades del exministro, y la entrega de sumas significativas en efectivo, todas vinculadas al mismo allegado de la trama.

Frente a estos hechos, la Fiscalía argumenta que se trata de delitos que no deben ser tomados a la ligera, solicitando que se mantengan las medidas cautelares impuestas por el juez Leopoldo Puente. Estas incluyen la prohibición de salir del país y la retirada del pasaporte, además de la obligación de presentarse ante la justicia de forma quincenal.

La Fiscalía argumenta que estas medidas son imprescindibles para asegurar que Ábalos no eluda la justicia y esté presente en cualquier procedimiento que se le requiera, asegurando que limitan su libertad de manera equilibrada y razonable.

En su defensa, Ábalos ha señalado que ha colaborado de manera voluntaria en el proceso judicial y no ha mostrado intención alguna de evadir su responsabilidad ante la justicia. Además, su condición de diputado ha sido considerada por la Fiscalía al no solicitar medidas más severas para restringir su libertad.

Este miércoles, el juez instructor ratificó la prohibición de salida del país y el retiro del pasaporte, aunque permitió que el diputado del Grupo Mixto comparezca quincenalmente ante el Tribunal Supremo o el Juzgado Decano de Valencia, donde actualmente reside.