En Madrid, el 10 de septiembre, se ha anunciado que el juez Santiago Pedraz, de la Audiencia Nacional, abrirá una investigación en respuesta a una denuncia presentada por la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Esta denuncia se centra en posibles delitos relacionados con el odio, la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos, vinculados a los organizadores del boicot al equipo ciclista Israel-Premier Tech durante la competición La Vuelta.

El periódico 'El Periódico' fue el primero en avanzar esta noticia y fuentes del ámbito jurídico han confirmado la información a Europa Press. En este sentido, el juez ha solicitado la opinión de la Fiscalía sobre la viabilidad de aceptar la denuncia, que apunta a diversas organizaciones y partidos políticos acusados de promover activamente la exclusión del equipo israelí de la carrera.

ACOM emitió un comunicado el pasado viernes, en el que se señalaba que las protestas contra Israel, en el contexto de la ofensiva en Gaza, van más allá de simples manifestaciones pacíficas. Según la asociación, se trata de acciones organizadas que incluyen coacciones y bloqueos intencionados, poniendo en riesgo la integridad física de los deportistas, el personal organizador, los asistentes y las fuerzas de seguridad.

La asociación calificó estas agresiones como un ataque sistemático de discriminación por motivos de nacionalidad, violando los principios de igualdad, neutralidad y seguridad que deberían prevalecer en el ámbito deportivo. ACOM enfatizó que convertir las carreteras de España en lugares de hostigamiento y agresión antisemita es inaceptable y advierte que habrá repercusiones legales por ello.

La denuncia no solo abarca a los perpetradores directos de las acciones, sino también a quienes han diseñado y respaldado institucionalmente estas iniciativas. Entre ellos, se mencionan a la red RESCOP/BDS y a representantes de formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que según ACOM han sido cómplices en la exclusión del equipo israelí.

Además, ACOM ha incluido en su denuncia a aquellos que tienen responsabilidades en la organización de la carrera, haciendo mención explícita al director técnico, Kiko García.

La asociación no se detiene ahí, ya que ha anunciado su intención de llevar acciones legales contra otros políticos, entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Asimismo, ACOM ha solicitado a la Audiencia Nacional la suspensión inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar, citando un "riesgo inminente" para la vida y la integridad tanto de los deportistas como del público. También han pedido la implementación de medidas excepcionales de seguridad, la prohibición de concentraciones en las rutas de la carrera, y la identificación y detención preventiva de los grupos ya involucrados en las protestas.

Finalmente, ACOM condenó lo que considera una "forma de antisemitismo" presente en esta "campaña discriminatoria" contra Israel, que promueve el boicot, desinversiones y sanciones contra el país. "Desde ACOM reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable: no toleraremos la normalización del odio antisemita ni la estigmatización de judíos españoles o israelíes en nuestro país", concluyó la asociación.