Víctor de Aldama, vinculado al célebre ‘caso Koldo’, ha llevado su disputa legal contra María Jesús Montero, actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, al ámbito judicial mediante una demanda de conciliación en Madrid.

En su reclamación, De Aldama solicita la considerable suma de 250.000 euros debido a los comentarios que Montero hizo en una reciente entrevista, en los que, según él, lo tildó de “presunto delincuente” y expresó su convicción de que el empresario podría terminar nuevamente tras las rejas.

Además de la compensación económica, De Aldama exige que Montero se retracte públicamente de lo que califica como “declaraciones injuriosas” realizadas en el programa ‘Lo de Évole’ el pasado 16 de marzo. Esta retractación debería hacerse de manera similar a como fueron difundidas las acusaciones.

Los detalles sobre la demanda de conciliación han sido divulgados por Europa Press, y se indica que, de no alcanzar un acuerdo durante el proceso conciliatorio, De Aldama no dudará en presentar una querella por injurias con publicidad contra la ministra.

El empresario critica el uso que Montero hizo de la palabra "presunto", argumentando que su declaración deja implícito que le atribuye directamente una etiqueta de delincuente, lo que resulta perjudicial para su imagen pública, a pesar de la supuesta ironía en su elección de palabras.

En sus observaciones, De Aldama señala que Montero tiene un interés particular en el caso, ya que el Ministerio de Hacienda, bajo su gestión, participa en la investigación originada por la Agencia Tributaria, en la cual él es el principal investigado por un presunto fraude de IVA relacionado con hidrocarburos.

Este conflicto legal tiene raíces en su arresto en octubre, relacionado con el ‘caso Koldo’, donde se examinan alegaciones de corrupción en relación con la adjudicación de contratos de material sanitario y obras públicas. Tras su detención, fue liberado en noviembre bajo la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción después de rendir cuentas en otra investigación.

De Aldama ha expresado que Montero ha fallado en cumplir con sus deberes como funcionaria de alto rango, mencionando la necesidad de proteger el principio de presunción de inocencia. Señala que sus afirmaciones han contribuido a crear un clima de culpabilidad en su contra, comprometido por las manifestaciones que realizó en medios de comunicación.

El abogado de De Aldama, José Antonio Choclán, respalda esta postura citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que ha establecido que las declaraciones de los poderes públicos pueden lesionan el honor y la reputación de quienes están bajo investigación, exacerbando así la situación del empresario en un contexto ya complicado.