MADRID, 30 Ene. - La empresa Abertis ha afirmado hoy que no está de acuerdo con la interpretación del convenio de 2006 de la autopista de peaje AP-7 realizada por el Tribunal Supremo y está estudiando las posibles acciones legales para proteger sus intereses.

El Tribunal Supremo ha rechazado la reclamación de Abertis al Estado de 4.000 millones de euros relacionados con las obras de ampliación de carriles llevadas a cabo en la autopista AP-7 en 2006. Sin embargo, sí ha concedido una compensación de 33 millones de euros por las inversiones reconocidas por la Administración.

La empresa ha tomado nota de esta sentencia, que surge de la disputa entre su filial Acesa y la Administración Pública en relación al cálculo del saldo de compensación derivado de la modificación del contrato de 2006 de la autopista AP-7.

Abertis destaca que el Tribunal Supremo no respalda su reclamación principal basada en su derecho a ser compensada por la diferencia entre el tráfico real y el proyectado, ya que considera que el convenio no establecía una redistribución del riesgo de tráfico entre la Administración y la empresa concesionaria.

La empresa estima que la sentencia sobre la compensación de tráfico llevará a una pérdida contable neta de aproximadamente 250 millones de euros.

Además, calcula que el fallo del Tribunal Supremo dará lugar a un ingreso de caja neto de unos 65 millones de euros, ya que se reconoce el derecho de Abertis a ser compensada por ciertas inversiones complementarias.

A pesar de todo, teniendo en cuenta otras provisiones revertidas e ingresos extraordinarios, el impacto neto de la sentencia en los resultados de Abertis en 2023 será de tan solo unos 29 millones de euros.

En cualquier caso, la empresa ha asegurado que sigue centrada en la ejecución de su estrategia de crecimiento global con el apoyo de sus accionistas ACS y Mundys.

Después de que el plazo de la concesión finalizara el 31 de agosto de 2021, el Consejo de Ministros aprobó en febrero de 2022 un acuerdo para compensar con 1.070 millones de euros las obras realizadas, algo que fue impugnado por Acesa, la concesionaria de Abertis.

Las acciones de ACS, accionista de Abertis, cayeron cerca de un 10% en la Bolsa tras la noticia de la sentencia del Tribunal Supremo.