La Fiscalía y defensas solicitan el archivo del caso contra Begoña Gómez, mientras Vox denuncia ataques al juez instructor

En una sesión judicial que duró casi tres horas, la Fiscalía y las defensas de los investigados en el proceso contra Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, han solicitado formalmente al juez Juan Carlos Peinado que archive la causa. La petición se produce en un contexto en el que el magistrado ha decidido encauzar el caso hacia un juicio con jurado popular, a pesar de la oposición previa de la Audiencia Provincial de Madrid, que en febrero rechazó esta vía por falta de indicios racionales de criminalidad.

El caso, que investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción y malversación, ha puesto en evidencia las tensiones entre el poder judicial y los sectores políticos vinculados al Gobierno. La investigación se centra en supuestos beneficios económicos obtenidos mediante la influencia política de Gómez, vinculada a proyectos universitarios y contratos públicos, en un escenario donde la transparencia y la independencia judicial son especialmente relevantes en el debate público.

Este proceso refleja además la complejidad del contexto político en España, en un momento de alta polarización y desconfianza en las instituciones. La acusación popular ejercida por Vox ha denunciado una supuesta campaña de ataques furibundos contra el juez y las acusaciones, mientras que la Fiscalía ha insistido en la necesidad de mantener la investigación basada en los más de 10.000 folios y las declaraciones de numerosas personas implicadas.

El magistrado Peinado ha fundamentado su decisión en la existencia de indicios que, en su opinión, justifican la continuidad del proceso hacia un juicio con jurado, considerando que Gómez habría aprovechado su proximidad al presidente para impulsar su carrera profesional y gestionar recursos públicos de forma indebida. La decisión judicial se enmarca en un escenario de controversia sobre la influencia de la familia presidencial en asuntos institucionales y económicos.

El contexto político más amplio revela una creciente preocupación por la rendición de cuentas y la separación de poderes en España. La investigación en curso, junto con las tensiones que ha generado, refleja las dificultades del sistema judicial para mantener su independencia frente a presiones políticas, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de transparencia en la gestión pública y las relaciones institucionales.