Haití registra más de 1.600 muertes en violencia, mayoritariamente por fuerzas de seguridad

Entre enero y marzo de 2026, Haití ha reportado oficialmente más de 1.600 víctimas mortales en incidentes violentos, en su mayoría atribuidos a operaciones de las fuerzas de seguridad contra bandas criminales. El balance, elaborado por la Oficina de Naciones Unidas en Haití, revela que 1.642 personas han sido asesinadas y 745 heridas en estos tres meses, pese a algunos avances en seguridad en zonas específicas del centro de Puerto Príncipe.

El problema se ha expandido a departamentos como Artibonite y Centro, donde ataques coordinados de bandas criminales han dejado decenas de muertos y heridos. La violencia en estas áreas refleja una crisis más profunda relacionada con el control territorial y la impunidad, en un contexto de inestabilidad política y debilitamiento institucional.

Las cifras de la ONU indican que las bandas criminales son responsables del 27% de las víctimas, mientras que las fuerzas de seguridad causan casi el 70% de las muertes y heridas, a menudo en operaciones contra estas organizaciones. Además, se reportan episodios de violencia sexual y ejecuciones sumarias, atribuibles en algunos casos a agentes policiales y empresas de seguridad privadas.

El uso de tecnología militar, como drones operados por empresas privadas, ha sido señalado como uno de los factores que incrementa la gravedad de la situación. Organizaciones como Human Rights Watch estiman que estas acciones han causado la muerte de más de 1.200 personas en el último año, incluyendo niños, en operaciones respaldadas por actores extranjeros.

Este escenario evidencia un deterioro de la protección de los derechos humanos y la fragilidad del Estado haitiano, que enfrenta presiones internas e internacionales. La comunidad internacional ha pedido mayor apoyo para estabilizar el país, aunque la cooperación sigue siendo limitada y condicionada por intereses políticos y estratégicos.

De cara al futuro, la persistente violencia y la impunidad amenazan con profundizar la crisis, dificultando cualquier proceso de recuperación o diálogo político estable. La comunidad internacional debe reconsiderar su enfoque, priorizando una estrategia integral que incluya fortalecimiento institucional y respeto por los derechos humanos.