Exgerente de Logirail relata llamadas amenazantes en medio de investigación sobre irregularidades
Exgerente de Logirail revela llamadas amenazantes en medio de investigación por irregularidades, evidenciando tensiones políticas en gestión pública.
El exgerente de Logirail, Enrique Martínez, afirmó en el Tribunal Supremo que recibió dos llamadas del exasesor Koldo García, en las que se le advirtió de posibles consecuencias tras que una empleada, vinculada al exministro José Luis Ábalos, denunciara malos tratos laborales en la empresa pública. Las llamadas, según Martínez, estaban destinadas a la directiva de Logirail y contenían amenazas relacionadas con la situación de la trabajadora, conocida como Montes.
Este testimonio sucede en el contexto del juicio por presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, donde están acusados Ábalos, García y el empresario Víctor de Aldama. La denuncia de Martínez revela una posible influencia política en la gestión de la empresa pública, en un momento en que las investigaciones apuntan a posibles maniobras para amedrentar a empleados disidentes.
Durante su declaración, Martínez explicó que no tenía evidencia de acoso laboral, aunque sí conocía el malestar de Montes por su situación en la oficina, y que el motivo oficial de su cese en 2021 fue la disconformidad del director gerente con sus acciones. Además, aclaró que las amenazas recibidas estaban relacionadas con instrucciones que provenían desde Madrid, en un contexto de tensiones internas en la gestión pública.
La denuncia de Martínez y las declaraciones en el Tribunal reflejan la complejidad política que rodea la gestión de Logirail, una empresa pública bajo control del Ministerio de Transportes. La situación evidencia cómo las presiones políticas pueden influir en los ámbitos administrativos y laborales en el sector público, en un momento de especial escrutinio por las irregularidades en compras públicas durante la pandemia.
Este caso se inscribe en un escenario donde las investigaciones de corrupción y mala gestión en el sector público español están generando un debate sobre la influencia política en las instituciones y la protección de los empleados frente a posibles maniobras de presión. La transparencia y la rendición de cuentas vuelven a estar en el centro del análisis público y político.