El Gobierno limita compras de viviendas por fondos buitre hasta 2028 para frenar la especulación

El Ejecutivo español ha establecido una prohibición temporal que impide a los fondos de inversión adquirir viviendas por debajo del 70% de su valor de tasación hasta finales de 2028. La medida afecta a entidades que tengan en su objeto social la compra de inmuebles y busca reducir operaciones especulativas en el mercado residencial.

Este ajuste forma parte del Real Decreto-ley orientado a proteger la función social de la vivienda y hacer frente a la escalada de precios. La norma establece límites tanto en compras onerosas como gratuitas, y excluye ciertos colectivos y actividades públicas o sociales que garantizan el acceso a viviendas asequibles o protección social.

La decisión responde a la creciente presión sobre el mercado de vivienda, donde la adquisición por parte de fondos de inversión ha sido señalada como un factor que agrava la escasez y eleva los precios en varias ciudades. La regulación busca frenar la compra de viviendas en condiciones que puedan facilitar la especulación y el acaparamiento.

Desde una perspectiva política, la medida refleja la voluntad del Gobierno de intervenir en los mercados para proteger a los colectivos vulnerables y limitar las operaciones que, en su opinión, reducen la disponibilidad de vivienda asequible. La normativa también responde a las críticas de partidos y organizaciones sociales que consideran que la inversión extranjera y corporativa ha contribuido a la escalada del coste de la vivienda.

El contexto actual evidencia una mayor voluntad del Ejecutivo de regular el mercado inmobiliario, en un momento en que la crisis de vivienda y el aumento de precios generan preocupación social. La normativa, con carácter temporal, podría ser revisada o ampliada en función de su impacto y las futuras tendencias del mercado.