El Congreso evalúa impacto en la seguridad nacional de la regularización masiva de inmigrantes.
MADRID, 31 de marzo.
El reciente avance en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional ha encendido el debate sobre la gestión migratoria del Gobierno. Este martes, la propuesta del Partido Popular (PP) para crear una ponencia que investigue las repercusiones del proceso de regularización extraordinaria de migrantes fue aprobada, generando un consenso notorio entre PP y VOX, quienes poseen la mayoría en dicha comisión.
El respaldo de estas fuerzas políticas contrasta con la oposición manifestada por el PSOE, ERC y EH Bildu, quienes se han mostrado en contra de la iniciativa. La intención del PP es llevar a cabo un exhaustivo análisis de las implicaciones de la regularización en el ámbito de la seguridad nacional, un tema que ha suscitado preocupaciones entre los conservadores.
Rafael Hernando, diputado del PP, subrayó la importancia de contar con un espacio dedicado a la evaluación del proceso migratorio, refiriéndose a la creación de responsabilidades en caso de ser necesarias. Esta propuesta surge en un momento en que el Gobierno ha decidido activar un mecanismo para regularizar a más de medio millón de inmigrantes, un acuerdo que se establece entre el PSOE y Unidas Podemos.
El 27 de enero, el Consejo de Ministros aprobó el inicio de este proceso urgente, que altera el Reglamento de la Ley Orgánica que regula los derechos de las personas extranjeras en España. Este planteamiento, que rememora una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 700.000 firmas en 2004, ha sido finalmente considerado en el Parlamento, aunque ha encontrado resistencias significativas.
Durante el debate, Hernando criticó severamente el procedimiento adoptado por el Gobierno, calificado de "ilegal" y "temerario", argumentando que esta estrategia pone en riesgo la seguridad tanto de España como de la Unión Europea. Subrayó que este tipo de decisiones se toman en contextos inapropiados, sugiriendo que el objetivo podría estar vinculado a encubrir escándalos de corrupción en pleno período electoral.
El diputado del PP también denunció que bajo la actual administración, España se ha convertido en un destino atractivo para las redes de tráfico de personas, lo que, según su perspectiva, abre la puerta a que delincuentes y potenciales terroristas puedan ingresar sin barreras al país y, por extensión, al continente europeo.