El Congreso aprueba la ley para nacionalizar saharauis nacidos antes de 1977

El Congreso de los Diputados ha aprobado una ley que concede la nacionalidad española a los saharauis nacidos antes del 29 de septiembre de 1977, cuando el territorio del Sáhara Occidental estaba bajo administración española. La iniciativa ha sido respaldada por el Gobierno y sus aliados, con la abstención del Partido Popular y el rechazo de Vox. La ley continúa su trámite en el Senado y establece que los descendientes en primer grado podrán optar a la nacionalidad en cinco años.

El contexto político revela tensiones en las relaciones con Marruecos, que reivindica el Sáhara Occidental y se opone a esta legislación. La propuesta responde a una situación de reconocimiento histórico y a la voluntad de reparar una situación de vulnerabilidad de los saharauis, en línea con decisiones anteriores del Ejecutivo. La ley también modifica el Código Civil para facilitar la adquisición de la nacionalidad tras dos años de residencia legal en España.

Las implicaciones políticas son diversas. Por un lado, refuerza la postura del Gobierno en defensa de los derechos de los saharauis y busca fortalecer la relación con los movimientos pro derechos humanos en este territorio. Por otro, aumenta la tensión diplomática con Marruecos, que considera esta ley como una injerencia. La medida también puede afectar la percepción del papel de España en la resolución del conflicto del Sáhara Occidental.

Desde una perspectiva futura, la aprobación en el Senado será clave para el despliegue de la ley. La intención del Ejecutivo es que entre en vigor en unos meses y permita a los saharauis acceder a la ciudadanía española de manera más sencilla. La decisión refleja un giro en la política exterior española respecto a la cuestión saharaui, en un momento de creciente tensión regional y de crisis migratoria en Ceuta y Melilla.

El debate político y diplomático en torno a esta ley continuará en los próximos meses, en un contexto donde la relación con Marruecos sigue siendo un factor determinante en la política exterior española. La ley puede marcar un precedente en la gestión de derechos de grupos vulnerables en territorios en disputa y en la postura de España frente a los procesos de autodeterminación.