La vicepresidenta primera y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha decidido dirigirse a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo para solicitar acciones contra un acuerdo que, en su opinión, atenta contra el derecho constitucional a la huelga.

La controversia surge en torno a un convenio aprobado por la Mesa Sectorial del Personal Funcionario de Administración y Servicios, que regula las condiciones laborales del personal funcionario en la Comunidad de Madrid. Este acuerdo fue dado a conocer el 23 de diciembre, tras su aprobación el pasado 11 de diciembre.

Según fuentes cercanas al Ministerio de Trabajo, dos aspectos claves del convenio —el artículo 10 y la disposición adicional décima— permiten, potencialmente, que la administración suspenda la carrera profesional horizontal del personal público que participe en huelgas, concentraciones o manifestaciones organizadas por los sindicatos firmantes, lo que podría suponer una pérdida de sus derechos laborales.

El Ministerio ha manifestado en sus cartas que esta cláusula, por su naturaleza, agravia el ejercicio de derechos fundamentales como la manifestación y la libertad de reunión, describiéndola como un "atentado evidente" a los derechos fundamentales de los trabajadores.

Asimismo, los representantes del Ministerio de Trabajo han subrayado que la medida representa una notable degradación de la participación democrática de los empleados públicos, situación que resulta aún más preocupante al tratarse de convenios que regulan sus condiciones laborales en Madrid.

El Ministerio considera que esta cláusula, que podría ser catalogada como una cláusula de paz, excede los límites aceptables para este tipo de acuerdos, generando efectos que podrían impactar negativamente en la relación laboral de muchos funcionarios, más allá de lo establecido en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

En este contexto, el Ministerio ha anunciado que el convenio y el acuerdo en cuestión podrían ser impugnados, ya que infringen la legalidad constitucional y afectan gravemente los intereses de terceros. Por lo tanto, ha instado a la Fiscalía a que proceda con los trámites pertinentes para la impugnación del convenio colectivo y a que se tomen las acciones penales que consideren adecuadas.

Finalmente, el Ministerio hace hincapié en que ha solicitado a la Fiscalía y al Defensor del Pueblo que actúen de manera oficiosa, dado que son las instituciones competentes ante la inacción de la Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, que ha sido la responsable de publicar los textos en cuestión.