Vox recurrirá ante el TC la Ley de Amnistía y promete demandar al letrado mayor del Congreso
MADRID, 14 Nov. - Vox ha anunciado este martes que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la tramitación de la ley de amnistía, considerándola "inconstitucional". Además, ha señalado su intención de interponer una querella por prevaricación contra el secretario general de la Cámara, Fernando Galindo, en caso de que emita un informe favorable a su calificación por parte de la Mesa del Congreso, aunque dicho informe no sea vinculante.
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Rodríguez de Millán, ha dejado claro que su partido utilizará todos los recursos disponibles tanto en las instituciones, los tribunales como en las protestas callejeras para hacer frente a lo que consideran un "atropello": la ley de amnistía, que el PSOE ha pactado con Junts y ERC a cambio de la investidura del socialista Pedro Sánchez.
En el ámbito parlamentario, Millán ha avanzado que una vez que la Mesa de la Cámara apruebe la tramitación de la proposición de ley, que se espera que ocurra el próximo martes, Vox presentará un recurso solicitando la reconsideración de esa decisión. Este paso es necesario para poder llevar posteriormente el asunto al Tribunal Constitucional.
A diferencia de lo ocurrido en la anterior legislatura, Vox ya no cuenta con los 50 diputados mínimos necesarios para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra una ley. Sin embargo, sí podrá recurrir en amparo ante el Alto Tribunal cuando la Mesa del Congreso rechace su solicitud de reconsideración, algo que se considera seguro debido a la mayoría del PSOE y Sumar en dicho órgano. En su momento, se habló de 33 recursos de amparo, uno por cada miembro del grupo parlamentario.
Al mismo tiempo, Millán ha reiterado que su partido presentará una querella no solo contra los miembros de la Mesa del Congreso que respalden la tramitación de la proposición de ley de amnistía, sino también contra los miembros de los servicios jurídicos que se pronuncien a favor de la misma.
"El letrado, el secretario general y los diputados de la Mesa del Congreso que promuevan la tramitación de esta ley a pesar de su obvia inconstitucionalidad, serán acusados de prevaricación, por dictar una resolución conscientes de su ilegalidad", ha advertido Millán.
"El hecho de que un abogado con afiliación al partido socialista invente un informe a favor de la tramitación no significa que esté exento de responsabilidad", ha añadido en referencia a Galindo, alto funcionario de las Cortes que recientemente ha sido transferido de la Subsecretaría de Política Territorial del ministerio liderado por Isabel Rodríguez para ocupar la Secretaría General del Congreso.