MADRID, 20 de diciembre.

El Grupo Parlamentario Vox ha presentado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones no de ley, impulsadas por la creciente preocupación que la formación expresa respecto a lo que consideran una "invasión migratoria". Estas propuestas buscan establecer un marco para llevar a cabo pruebas periciales en menores extranjeros no acompañados y solicitar el cese de las ayudas de cooperación internacional a aquellos países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal, así como a organizaciones que faciliten este fenómeno.

Desde Vox apuntan que la inmigración se ha posicionado como el principal problema que enfrentan los ciudadanos españoles, con un 30,4% de la población así lo indica según las encuestas del CIS. Además, mencionan que, entre el 1 de enero y el 15 de septiembre de este año, se han registrado 37.970 entradas ilegales en España, lo que representa un aumento del 49,1% respecto al mismo periodo de 2022, y un incremento notable del 93,9% comparado con el mismo lapso del año anterior.

La propuesta destaca que, a finales de 2023, había 15.045 menores y jóvenes extutelados con edades entre los 16 y los 23 años con autorización de residencia, de los cuales un 68% eran de nacionalidad marroquí. Es relevante señalar que la mayoría de estos jóvenes son varones, alcanzando el 94% del total.

Vox subraya que los centros para menores extranjeros no acompañados se encuentran desbordados, lo que conlleva la necesidad urgente de realizar pruebas de determinación de edad a los nuevos inmigrantes. Estas pruebas son cruciales para su posible repatriación, ya que deben llevarse a cabo bajo la supervisión del Ministerio Fiscal.

La formación política enfatiza que la correcta determinación de la edad de estos inmigrantes es fundamental, dado que de ello dependen sus derechos y el tratamiento que se les otorgue al ingresar ilegalmente en territorio español.

Por esta razón, Vox exige al Gobierno que se implementen pruebas periciales rigurosas para todos los inmigrantes ilegales no acompañados, que se encuentren bajo la tutela de las administraciones regionales. Se busca una determinación precisa de su edad con el menor margen de error, con el fin de prevenir posibles fraudes. Además, se propone la creación de un protocolo general que contemple metodologías más exhaustivas, como la radiografía de la cresta ilíaca de la cadera, siguiendo el método del índice de Risser.

Por otro lado, la formación conservadora expresa su preocupación ante la inmigración masiva de personas adultas que, por sus idiomas, costumbres y creencias, muestran una visión que contrasta con los intereses y necesidades de Europa y, en particular, de España. Consideran que esta situación constituye una "alarma" que ha sido ignorada por las autoridades competentes.

Ante el aumento de delitos atribuidos a inmigrantes ilegales en el país, Vox critica la baja cifra de expulsiones de estas personas. En 2023, según sus datos, 57.000 inmigrantes ingresaron de manera ilegal, pero solo 3.000 fueron expulsados. La formación denuncia que en las últimas décadas se ha seguido una política errónea de destinar generosos fondos de cooperación a los países de origen de la migración ilegal, con la intención de incentivarlos a combatir este problema. Sin embargo, muchos de estos países no solo son reticentes a aceptar la devolución de inmigrantes ilegales, sino que tampoco implementan medidas efectivas para evitar que estos abandonen sus territorios.

En su proposición no de ley, Vox exige al Gobierno suspender cualquier cooperación al desarrollo con aquellos países que no contribuyan a la lucha contra la inmigración ilegal ni faciliten la repatriación de sus nacionales que lleguen a España de forma ilegal. Asimismo, aboga por la aplicación de acuerdos bilaterales firmados con otros países para frenar la llegada de inmigrantes ilegales.

Finalmente, la iniciativa de Vox aboga por auditar todos los programas de cooperación internacional, rechazando aquellos que se lleven a cabo en países que no colaboren en la lucha contra la inmigración ilegal. También propone endurecer las sanciones contra las mafias que trafican con inmigrantes y contra cualquier entidad, ya sea ONG o particulares, que colaboren con estas redes delictivas.