En un evento reciente en Madrid, el secretario general del grupo parlamentario de Vox en el Congreso, José María Figaredo, no se ha mordido la lengua al señalar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como responsable de una grave cesión de territorio. Según Figaredo, Sánchez ha entregado la aduana de Ceuta y Melilla a Marruecos, lo que pone en evidencia un aparente pacto de coacción que el país vecino tiene sobre el Gobierno español.

Durante una entrevista emitida por Radio Libertad, que fue reportada por Europa Press, el diputado asturiano de Vox criticó duramente las recientes negociaciones entre España y Marruecos respecto a la reactivación de las aduanas en estas dos ciudades autónomas. Figaredo sostiene que este acuerdo no es representativo de los intereses españoles, afirmando que el Gobierno ha cedido el control de la aduana, permitiendo que Marruecos imponga criterios sobre qué productos pueden ingresar al territorio español.

El diputado proseguía explicando que la situación es aún más desfavorable para España, ya que Marruecos podrá importar lo que desee sin restricciones, mientras que España enfrentará un vetado sobre sus productos. Esta dinámica, según Figaredo, refuerza su afirmación de que el Gobierno de Sánchez actúa sin considerar el bienestar de la ciudadanía, priorizando su propia permanencia en el poder por encima de las necesidades de los ciudadanos españoles.

Figaredo fue más allá al insinuar que este vínculo estrecho entre Marruecos y Sánchez podría estar ligado a la obtención de información delicada por parte de Rabat, en particular, a raíz del escándalo del software espía Pegasus que comprometió la privacidad del teléfono del presidente español.

Esta intervención del portavoz de Vox ocurre en un contexto crucial, ya que las dos naciones están a punto de cerrar un acuerdo que permitiría la reapertura de las aduanas de Ceuta y Melilla, un proceso que ha estado en punto muerto durante casi tres años. Este contexto resalta la creciente inquietud y la fragilidad de la soberanía española en la región.

En una manifestación de desacuerdo, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, del Partido Popular, expresó su oposición a la idea de reabrir la aduana comercial bajo condiciones desiguales. Imbroda alertó que, si se permite a Marruecos comerciar sin restricciones en Ceuta y Melilla, esto podría desembocar en una pérdida de soberanía para la ciudad, convirtiéndola en de facto un territorio marroquí.

Imbroda subrayó una clara preocupación: los comerciantes melillenses se verían severamente perjudicados, ya que no tendrían la misma facilidad para vender sus productos en Marruecos, mientras que el país vecino podría inundar el mercado local con productos como áridos y alimentos. Esta dinámica, advirtió el líder del PP, no solo afectaría al comercio, sino que implicaría una significativa pérdida de autonomía política para Melilla.