En Madrid, el 26 de diciembre, la formación política Vox ha arremetido contra lo que consideran una clara y peligrosa "política de fronteras abiertas" del Gobierno, responsabilizando a esta estrategia de las trágicas muertes de migrantes que intentan alcanzar las costas españolas. El partido ha subrayado la necesidad de adoptar medidas efectivas para frenar la inmigración ilegal, argumentando que tal acción es fundamental para "salvar las vidas" de estos individuos que, en su búsqueda de una vida mejor, a menudo se ven atrapados en situaciones de extremo riesgo.

El informe divulgado por la organización Caminando Fronteras ha revelado cifras alarmantes: más de 10.400 personas han muerto o desaparecido en las fronteras españolas durante el año 2024, lo que equivale a un desgarrador promedio de 30 fallecimientos diarios. Esta estadística posiciona el presente año como el más letal en las rutas migratorias de la Frontera Occidental Euroafricana, que incluye tanto la frontera marítima como la terrestre entre España y la región costera que abarca desde el sur de Senegal hasta Argelia.

Ignacio Garriga, quien se desempeña como vicepresidente y secretario general de Vox, ha calificado estos datos como una ilustración de "la terrible realidad de la política de fronteras abiertas". A través de su actividad en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha expresado que estas muertes en el Mediterráneo son el resultado de un sistema que permite que "el dinero llegue a los verdugos", aludiendo a las organizaciones no gubernamentales que operan en este ámbito.

Además, Garriga ha enfatizado que la facilitación de la inmigración no se puede considerar un acto de humanidad o solidaridad, sino que, por el contrario, representa un "negocio criminal". En este contexto, ha instado a tomar acciones decisivas para "combatir la inmigración ilegal" con el fin de "salvar vidas" y, al mismo tiempo, "proteger a las naciones" implicadas en este complejo fenómeno migratorio.