En Madrid, el 29 de octubre, se ha desatado una controversia dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras las recientes decisiones de su presidenta, Isabel Perelló. Los vocales de tendencia progresista han manifestado su descontento, argumentando que Perelló ha violado de manera intencionada el consenso que prevalecía en el órgano desde su primera renovación, al realizar cambios en las comisiones que aseguran han debilitado la representación plural y la cohesión institucional.

En una nota de prensa emitida el martes, que no fue avalada por los miembros progresistas, el CGPJ presentó su visión sobre la reestructuración de las comisiones, incluyendo la Comisión Permanente, un cuerpo esencial para el funcionamiento diario del Consejo. Según el comunicado, se sostiene que los equilibrios entre los miembros se han mantenido intactos, a pesar de los cambios recientes.

Sin embargo, los vocales progresistas refutan esta afirmación, señalando que su inclusión y exclusión en diversas comisiones, no solo en la permanente, ha alterado el balance de poder. Argumentan que este cambio no respeta los principios de colegialidad que deberían guiar al CGPJ y han cuestionado la validez de la representación del vocal Carlos Hugo Preciado, quien, según los conservadores, pertenece al sector progresista, aunque ellos misma lo consideran un independiente tras haberse distanciado de la disciplina grupal.

El bloque conservador, con el apoyo de Perelló, logró avanzar en su intención de renovar las comisiones del CGPJ, situando a la Comisión Permanente bajo control conservador, lo que ha provocado disparidad de opiniones dentro del Consejo.

El comunicado de los vocales progresistas, que también cuenta con la firma del magistrado José María Fernández Seijo, quien ya ha presentado su renuncia a Perelló, expone que la presidenta ha socavado la confianza fundamental que ella misma prometió al inicio de su mandato. Fernández Seijo enfatiza que las bases de conciliación y respeto que debían ser la esencia del nuevo Consejo se han visto arrasadas por una dinámica de exclusión y dominación.

Desde la perspectiva del sector progresista, la reestructuración interna del CGPJ representa una fractura consciente del consenso inicial y un desajuste significativo en la representación y en la cohesión institucional. Con pesar, han señalado las repercusiones de este retroceso y reafirmado su compromiso hacia un Consejo que sea plural, equilibrado y adherido a sus principios constitucionales de garantizar una justicia independiente y de calidad.