En la recién comenzada temporada de 2024, diversas organizaciones feministas han manifestado su inquietud por la persistente problemática de la violencia vicaria y lo que consideran como "machismo estructural". Estas agrupaciones han hecho un llamado a que se presten atención a estas cuestiones en la planificación de políticas para el año 2025.

Rosa Gil, presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, ha calificado de "terribles" los datos sobre violencia de género en el pasado año, señalando que han sido asesinadas al menos 46 mujeres y nueve menores a manos de agresores machistas. En una entrevista concedida a Europa Press, Gil expresó su alarma por estas cifras, argumentando que si el número de víctimas correspondiera a otra forma de violencia, la sociedad saldría a protestar en masa. Asimismo, advirtió que "cada vez se maneja más a los niños para hacer daño a las madres", reflejando preocupaciones sobre el uso de menores en estas situaciones de violencia.

La abogada también destacó que España enfrenta "tiempos convulsos a todos los niveles". Esta inestabilidad no solo es reconocida por ella, sino también por otros profesionales del derecho que brindan apoyo a víctimas de violencia de género y agresiones sexuales.

Desde la Comisión 8M, y en diálogo con Europa Press, se ha manifestado que en 2025 continuarán demandando a las autoridades que implementen "políticas efectivas antimachistas". En este sentido, se ha enfatizado la necesidad de proteger y no recortar los derechos que las mujeres han conquistado a lo largo de los años. "Nosotres no escribimos carta a los 'Reyes Magos'; exigimos presupuestos, servicios y medidas reales y ejecutadas para acabar con el machismo estructural", argumentaron, identificándose como feministas que abogan por un enfoque inclusivo que contemple diversas luchas sociales.

En su evaluación de 2024, la organización ha subrayado que el movimiento feminista, al estar organizado y en una postura activa, ha demostrado ser capaz de generar cambios significativos, como se ha evidenciado en la creciente disposición de mujeres para hablar sobre las violencias que han sufrido, tanto en entornos íntimos como en contextos públicos.

La voz de estas organizaciones también se ha alzado en defensa de las mujeres que sufren acoso regular en las inmediaciones de clínicas de abortos, así como en contra del cierre de los CIE (Centros de Internamiento de Extranjeros). A su vez, han protestado contra abusos en las prisiones y han incluido en su plataforma las injusticias contra el pueblo palestino, describiéndolas como un "genocidio".

Por otro lado, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres ha presentado un balance crítico sobre el año que concluyó, enfocándose en las deficiencias de la Ley Trans y en el uso inapropiado de actividades financiadas con los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Esta organización ha alertado sobre los "boquetes" que la Ley Trans ha dejado en la legislación destinada a la protección contra la violencia hacia las mujeres y en la Ley de Igualdad efectiva. Según han expuesto, estos vacíos legales se hacen evidentes en situaciones donde maltratadores utilizan la modificación de su sexo registral para eludir las consecuencias de sus actos bajo la Ley de Violencia.

Asimismo, han criticado al Ministerio de Igualdad por no haber tomado medidas efectivas para controlar el uso de los recursos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género. Indican que han documentado un considerable número de casos en los que estos fondos han sido mal utilizados, con la promesa de que serían destinados únicamente a prevenir la violencia machista y proteger a sus víctimas.

La organización también ha puesto de relevancia el incremento de casos de violencia de tipo físico y sexual perpetrados por menores contra otros menores, así como el aumento en la cifra de mujeres que han solicitado y obtenido órdenes de protección. Lamentablemente, han destacado el escaso apoyo que reciben los hijos e hijas de las mujeres que son víctimas de violencia.

Finalmente, la Alianza ha instado al Gobierno a buscar consensos parlamentarios que permitan avanzar en la lucha contra prácticas como el proxenetismo y la prostitución, así como para frenar el crecimiento del alquiler de vientres. En una última declaración, la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP) ha reafirmado su fuerte compromiso en la lucha contra la trata de personas, una de las formas más brutales de violencia y violación de derechos humanos.