El partido conservador-nacionalista Sueño Georgiano, liderado por el multimillonario Bidizna Ivanishvili, ha sido confirmado como el ganador de las elecciones parlamentarias en Georgia, según ha anunciado la Comisión Electoral este domingo. A pesar de las denuncias de fraude por parte de la oposición, los resultados muestran que Sueño Georgiano ha obtenido un apoyo del 54,09 por ciento de los votantes, mientras que la oposición proeuropea se queda por debajo del 40 por ciento con un 99,6 por ciento de votos escrutados.
La Coalición para el Cambio, compuesta por los partidos Ahali, Girchi-Más Libertad y Droa, ha logrado alrededor del 11,2 por ciento de los votos, seguida de la alianza Unidad para Salvar Georgia, liderada por el Movimiento Nacional Unido, con un 9,8 por ciento provisional. Otras coaliciones como Georgia Fuerte y Por Georgia, liderada por el ex primer ministro Giorgi Gakharia, han obtenido el 9,2% y el 8,2% de los votos respectivamente. La participación en las elecciones ha sido del 58,9 por ciento.
El resultado de las elecciones ha vuelto a generar tensiones entre el primer ministro Irakli Kobakhidze, partidario de Sueño Georgiano, y la presidenta del país, Salome Zourabichvili, aliada de Bruselas. Zourabichvili llegó a declarar inicialmente la victoria de la oposición, pero finalmente Sueño Georgiano ha sido confirmado como vencedor.
La líder del Movimiento Nacional Unido, Tina Bokuchava, ha manifestado su rechazo a los resultados y ha asegurado que observadores independientes respaldan la victoria de la oposición. La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) publicará este domingo su evaluación de los comicios, mientras que observadores cercanos a Bruselas han detectado posibles irregularidades en el proceso electoral.
En medio de estas disputas políticas, se encuentra la tensa relación entre Rusia y Occidente. Sueño Georgiano ha promovido una ley sobre la presencia de "agentes extranjeros", que ha sido criticada por la oposición proeuropea como una estrategia del Kremlin. Estados Unidos ha respondido revisando sus relaciones bilaterales, mientras que la presidenta del país ha intentado sin éxito detener la promulgación de dicha legislación.
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