El pasado jueves, el Parlamento de Venezuela llevó a cabo una votación crucial al aprobar una ley designada como "Ley contra el bloqueo imperialista", una normativa que ha suscitado preocupación debido a las severas sanciones que impondrá a cualquier individuo que se atreva a solicitar o apoyar sanciones extranjeras contra el país sudamericano.

La nueva legislación, que obtuvo el respaldo unánime de la Asamblea Nacional, estipula que aquellos que "cooperan o se alían con agentes extranjeros para implementar medidas coercitivas unilaterales contra el pueblo" de Venezuela enfrentarán la inhabilitación política de manera permanente. Esta medida ha sido reportada por la televisión pública del país, VTV, indicando la seriedad con que el gobierno interpreta este tipo de acciones.

La 'Ley Libertador Simón Bolívar' no solo busca frenar el apoyo a las sanciones, sino que también establece que cualquier promoción, participación o difusión que apoye la aplicación de sanciones será considerado un factor agravante en los casos de traición a la patria, lo que deja claro el mensaje del régimen en contra de quiénes consideran traidores.

Adicionalmente, la normativa conocida como 'Ley de Extensión de Dominio' prevé la confiscación de bienes de aquellos que sean señalados bajo estas nuevas leyes, lo que plantea una situación alarmante para el ejercicio de derechos de propiedad en el país. Esta acción pone de relieve el enfoque del gobierno hacia quienes critican o se oponen a sus políticas.

En otro desarrollo relacionado, la Fiscalía de Venezuela anunció que iniciará una investigación contra la conocida dirigente opositora María Corina Machado, quien ha expresado su apoyo a la normativa estadounidense que impide a sus administraciones contratar a personas con vínculos al "Gobierno ilegítimo de Nicolás Maduro". Este movimiento parece ser parte de un esfuerzo más amplio del gobierno para desmantelar la oposición y silenciar las voces disidentes en el país.