En un contexto marcado por la represión y la violencia política, organizaciones de Derechos Humanos junto a opositores venezolanos que han encontrado refugio en España, han hecho un llamado contundente en Madrid para que se reconozca el derecho a la justicia de las víctimas de la represión ejercida por el régimen de Nicolás Maduro. Este viernes, denunciaron una alarmante recopilación de delitos de odio que, según sus afirmaciones, ha resultado en la muerte de 35 personas desde el inicio de la campaña electoral en Venezuela en julio pasado.

Las entidades implicadas en esta denuncia han proporcionado detalles escalofriantes, afirmando que desde que comenzaron las elecciones, se han contabilizado estas muertes, así como un incremento significativo en lesiones y heridos durante más de 1.300 manifestaciones, en las cuales ha habido evidencias de violencia y represión policial. Además, mencionan que más de 2.400 personas han sido objeto de detenciones arbitrarias, incluyendo miembros de comunidades indígenas y periodistas.

La oportuna rueda de prensa también destacó la existencia de ataques perpetrados por grupos armados contra los manifestantes, hechos de muertes bajo custodia policial, torturas infligidas a prisioneros políticos y las intimidaciones vertidas por Maduro, quien amenazó con un "baño de sangre" y una posible "guerra civil" en caso de que la oposición lograra el triunfo en los comicios. Igualmente, el ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, ha emitido advertencias similares hacia aquellos que se oponen al régimen.

El evento en Madrid fue encabezado por el presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación (COVIDOD), Esteban Ibarra, quien estuvo acompañado por Manuel Rodríguez, presidente de la Plataforma de Ayuda a Venezuela, y Miguel Henrique, director del periódico venezolano 'El Nacional'.

Un momento significativo del acto fue la entrega de una acción mero-declarativa al magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, Rafael Ortega, donde se solicitó el reconocimiento del derecho a la justicia para las víctimas de delitos de odio y la reparación de los daños sufridos.

El informe al que se refieren estas organizaciones es una clara llamada a la justicia para los venezolanos que han sufrido crímenes motivados por su ideología, así como por la defensa de sus libertades expresivas y su pertenencia a grupos vulnerables en el contexto actual de Venezuela. Este documento enfatiza que la movilización en torno a esta denuncia es de vital interés jurídico y representa la única vía para alcanzar las reivindicaciones necesarias en el país.

Los exiliados fundamentan su denuncia haciendo alusión a la Constitución de Venezuela, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, así como a normativas como el Código Penal venezolano y la Ley contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, entre otros instrumentos legales.

Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, ha subrayado la importancia de esta recopilación de delitos, calificándola como un deber ético y social de las organizaciones involucradas. Resaltó que se presenta como "un informe de hechos" más que un análisis político, en un intento por mantener la atención sobre la severidad de la situación.

El deseo de Ibarra es claro: exige que se deslinden responsabilidades por las muertes asociadas a estos crímenes de odio y que se haga justicia en contra de Maduro, a quien acusa de amenazar con un "baño de sangre" en el supuesto triunfo opositor.

Consciente de la complejidad de la situación en Venezuela, Ibarra expresó su convencimiento de que, aunque en este momento parezca imposible garantizar justicia en el país, es esencial que el tribunal en el exilio reconozca los hechos denunciados para que, en un futuro, cuando la democracia retorne a la nación latinoamericana, se logre finalmente la justicia que tanto anhelan las víctimas. La esperanza de que algún día se restablezcan las libertades democráticas y se rinda cuenta por los abusos cometidos, persiste entre los exiliados y las organizaciones que los apoyan.